A 540 días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de condena, fue sentenciado M.A.A.E. quien realizó amenazas de muerte contra el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. Situación que ocurrió la mañana del 6 de marzo del 2020, cuando era formalizado por un delito registrado durante el estallido social. Luego que le comunicaran cargos y quedara con prisión preventiva por una investigación previa, el individuo fue conducido al calabozo del Juzgado de Garantía de Antofagasta junto a otros imputados, mientras se desarrollaba un receso de la respectiva audiencia. Según el comunicado de la Fiscalía, en ese instante golpeó las esposas contra la pared, expresando a viva vozme estoy grabando la cara del fiscal para puro matarlo. Todo esto acompañado de fuertes insultos contra el persecutor. La amenaza fue escuchada por uno de los funcionarios de Gendarmería que custodiaba a los detenidos en el calabozo, quien comunicó lo sucedido al fiscal Cristian Aguilar para que presentara la respectiva denuncia. El individuo estaba siendo formalizado en relación al ataque sufrido por un funcionario de Carabineros al interior de su vehículo particular en calle Esmeralda de Antofagasta. Caso por el cual le otorgaron la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. En su deliberación el tribunal estimó que las amenazas cumplían el requisito de ser serias y verosímiles, desechando la tesis de la defensa del detenido, que sostenía que la amenaza fue pronunciada en un momento deofuscación.
La Municipalidad de Mejillones interpuso un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional para determinar si procede la suspensión temporal de la concejala María Brevis, quien mantendría un proceso judicial pendiente por situaciones ocurridas durante el estallido social. Brevis acusa una persecución política en su contra, debido al papel que ha desarrollado como activista medioambiental en la comuna. El alcalde Marcelino Carvajal descarta esa versión y afirma que el recurso es parte de sus obligaciones.
La Agrupación de Memoria Histórica Sitio Providencia en Antofagasta se refirió a los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, este perdón en el cumplimiento de la pena benefició a dos jóvenes condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, Bastián Campos y Sebastián Montenegro. Hector Maturana valoró la decisión del mandatario, pero criticó el rol de la prensa calificándolo detrato cruel y duro. Además, la agrupación menciona otros tres casos de jóvenes que se mantienen privados de libertad en Antofagasta. LEER TAMBIÉN: Gobierno aclaró que indultos no incurrieron en vicios jurídicos
Cambio en el Ministerio de Justicia tras la renuncia de la entonces ministra, Marcela Ríos, medida que fue aceptada por el Presidente Gabriel Boric. La renuncia ocurrió en medio de la polémica desatada por indultos al exfrentista Jorge Mateluna y Luis Castillo, quien mantiene otras condenas en su prontuario. Desde la oposición buscan dejar sin efecto los indultos. Sin embargo, en términos jurídicos no habrían vicios en los procesos desarrollados, aclaró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
Sin duda, una medida que continuará generando reacciones, desde la oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional y la Corte Suprema cuestionó declaraciones del Presidente Gabriel Boric. Según la Constitución, el indulto es una atribución jurídica del Presidente para perdonar la pena pendiente de un condenado. Solo en tres casos no puede ser aplicado. Cuando se trata de condenados a presidio perpetuo calificado, caso en que procede el indulto particular por razones de Estado o el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable. Los delitos terroristas, salvo para conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo. Y los delitos de lesa humanidad, exceptuando determinadas circunstancias excepcionales.
