Antofagasta se consolidó como uno de los principales focos de la crisis social desatada en Chile en octubre de 2019, al concentrar el 7,8% de las denuncias por delitos ingresadas a nivel nacional durante el estallido social, según reveló un informe de la Fiscalía Nacional. Ante esto, el documento del Ministerio Público sitúa a la región de Antofagasta entre las tres zonas con mayor número de ingresos fuera de la zona metropolitana, superada solo por Valparaíso. En total, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se registraron en el país 32.901 causas por hechos constitutivos de delito, lo que equivale a más de 35 mil ilícitos. Asimismo, el informe detalla que los tipos penales más recurrentes a nivel nacional fueron la violencia institucional ejercida por agentes del Estado (34,1%), seguida por saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), además de los desórdenes públicos (22,7%). Finalmente, respecto a las víctimas fatales, el estudio de la Fiscalía también indicó que el 93% de las 30 personas fallecidas eran hombres y el 86% mayores de edad. La institución precisó que mantiene el seguimiento de las causas abiertas, particularmente aquellas vinculadas a violaciones a los derechos humanos y la posible responsabilidad de agentes estatales.
Antofagasta se consolidó como uno de los principales focos de la crisis social desatada en Chile en octubre de 2019, al concentrar el 7,8% de las denuncias por delitos ingresadas a nivel nacional durante el estallido social, según reveló un informe de la Fiscalía Nacional. Ante esto, el documento del Ministerio Público sitúa a la región de Antofagasta entre las tres zonas con mayor número de ingresos fuera de la zona metropolitana, superada solo por Valparaíso. En total, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se registraron en el país 32.901 causas por hechos constitutivos de delito, lo que equivale a más de 35 mil ilícitos. Asimismo, el informe detalla que los tipos penales más recurrentes a nivel nacional fueron la violencia institucional ejercida por agentes del Estado (34,1%), seguida por saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), además de los desórdenes públicos (22,7%). Finalmente, respecto a las víctimas fatales, el estudio de la Fiscalía también indicó que el 93% de las 30 personas fallecidas eran hombres y el 86% mayores de edad. La institución precisó que mantiene el seguimiento de las causas abiertas, particularmente aquellas vinculadas a violaciones a los derechos humanos y la posible responsabilidad de agentes estatales.
