La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
