La Municipalidad de Antofagasta se encuentra elaborando el informe de cierre administrativo del Festival de Antofagasta, proceso que podría derivar en la aplicación de multas a la productora a cargo del evento, tras las controversias por la transmisión televisiva. Según informó timeline.cl, la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Yantiel Calderón, explicó que el análisis está en etapa de revisión por parte de las unidades técnicas, las que deberán contrastar lo ejecutado con lo establecido en las bases de licitación. “Lo que nos interesa es verificar si la productora cumplió o no con lo exigido. Las bases determinan qué aspectos se sancionan y cuáles no”, Las críticas surgieron luego de que se anunciara que el festival sería transmitido íntegramente por la televisión local (Antofagasta TV). Sin embargo, durante la primera jornada, la señal sufrió interrupciones, situación que se repitió en la segunda noche. La estación televisiva sostuvo que no existían impedimentos técnicos ni legales de su parte y atribuyó los cortes a factores externos. Calderón precisó que el municipio no celebra contratos directos con los artistas, sino que define las bases técnicas y administrativas. Posteriormente, una comisión evaluadora adjudica la licitación y la productora seleccionada es responsable de cumplir con todos los requerimientos, incluida la transmisión completa vía streaming y televisión local. De acuerdo con la versión entregada por la productora a la autoridad, la interrupción habría obedecido a exigencias técnicas planteadas por uno de los artistas. No obstante, la directora recalcó que el foco municipal es exclusivamente determinar si hubo incumplimiento contractual. En el Concejo Municipal, varios ediles han manifestado su intención de exigir sanciones. El concejal Waldo Valderrama (PC) sostuvo que la transmisión formaba parte del contrato y que, de no haberse asegurado los derechos correspondientes, correspondería aplicar multas. En la misma línea, Claudio Aguirre (Republicano) afirmó que los recursos destinados al festival incluían ítems por transmisión y derechos de autor. La concejala Karina Guzmán (Frevs) adelantó que solicitará un informe jurídico para evaluar eventuales acciones legales. El tema será abordado formalmente en la próxima sesión del Concejo, programada para el 3 de marzo, instancia donde se espera definir los pasos a seguir.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La Municipalidad de Antofagasta se encuentra elaborando el informe de cierre administrativo del Festival de Antofagasta, proceso que podría derivar en la aplicación de multas a la productora a cargo del evento, tras las controversias por la transmisión televisiva. Según informó timeline.cl, la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Yantiel Calderón, explicó que el análisis está en etapa de revisión por parte de las unidades técnicas, las que deberán contrastar lo ejecutado con lo establecido en las bases de licitación. “Lo que nos interesa es verificar si la productora cumplió o no con lo exigido. Las bases determinan qué aspectos se sancionan y cuáles no”, Las críticas surgieron luego de que se anunciara que el festival sería transmitido íntegramente por la televisión local (Antofagasta TV). Sin embargo, durante la primera jornada, la señal sufrió interrupciones, situación que se repitió en la segunda noche. La estación televisiva sostuvo que no existían impedimentos técnicos ni legales de su parte y atribuyó los cortes a factores externos. Calderón precisó que el municipio no celebra contratos directos con los artistas, sino que define las bases técnicas y administrativas. Posteriormente, una comisión evaluadora adjudica la licitación y la productora seleccionada es responsable de cumplir con todos los requerimientos, incluida la transmisión completa vía streaming y televisión local. De acuerdo con la versión entregada por la productora a la autoridad, la interrupción habría obedecido a exigencias técnicas planteadas por uno de los artistas. No obstante, la directora recalcó que el foco municipal es exclusivamente determinar si hubo incumplimiento contractual. En el Concejo Municipal, varios ediles han manifestado su intención de exigir sanciones. El concejal Waldo Valderrama (PC) sostuvo que la transmisión formaba parte del contrato y que, de no haberse asegurado los derechos correspondientes, correspondería aplicar multas. En la misma línea, Claudio Aguirre (Republicano) afirmó que los recursos destinados al festival incluían ítems por transmisión y derechos de autor. La concejala Karina Guzmán (Frevs) adelantó que solicitará un informe jurídico para evaluar eventuales acciones legales. El tema será abordado formalmente en la próxima sesión del Concejo, programada para el 3 de marzo, instancia donde se espera definir los pasos a seguir.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
