La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde en su tercer trámite al proyecto de ley que establece el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una iniciativa impulsada por el Gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Este nuevo cuerpo legal busca otorgar el reconocimiento oficial de la ausencia de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar de 1973 a 1990. Para ello, crea un registro público, gratuito y digital, que será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y cuya base de datos provendrá de la Subsecretaría de Derechos Humanos, incorporando antecedentes de comisiones de verdad y sentencias judiciales. Ante esto, la secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, subrayó la importancia de la ley, especialmente a 52 años del golpe militar.Hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, y sus familiares podrán acceder a un certificado que informe que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada, afirmó. La seremi también recordó el dolor regional, mencionando el paso de la Caravana de la Muerte en Antofagasta y Calama, destacando que este paso legal esmuy significativo para que en nuestro país nunca se legitimen las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, calificó la aprobación comouna forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, enfatizó que es un paso clave para fortalecer la búsqueda de la verdad y justicia, ya queChile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando.
En un hito sin precedentes, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha declarado Monumento Histórico más de 230 mil documentos secretos del Ministerio de Defensa. La medida, solicitada por la misma cartera, garantiza la protección y conservación de un acervo crucial para la memoria del país. Los archivos, que abarcan desde el golpe de Estado de 1973 hasta el fin de la dictadura en 1990, ahora estarán bajo la supervisión del CMN para cualquier labor de conservación o restauración. Estos documentos, clasificados como “secretos” o “reservados”, revelan detalles del control que las Fuerzas Armadas ejercían sobre la administración del Estado. Entre ellos se encuentran órdenes del exgeneral Augusto Pinochet y directrices que prohibían a personal militar declarar en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos sin autorización. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, resaltó que la información contenida en estos archivos es un aporte fundamental para el Plan Nacional de Búsqueda, que busca esclarecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada. La iniciativa, denominada Proyecto Mnemósine, ha revisado hasta ahora 494 de los 772 volúmenes que componen el archivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó la importancia de estos documentos no solo para la memoria histórica, sino también para el Plan Nacional de Búsqueda, haciendo un llamado a asegurar su continuidad como una política de Estado. Finalmente, con esta declaración, se avanza en la digitalización de los documentos para facilitar su consulta pública, un paso clave para poner a disposición de la ciudadanía un archivo tan valioso de un periodo de quiebre democrático en Chile.
La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde en su tercer trámite al proyecto de ley que establece el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una iniciativa impulsada por el Gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Este nuevo cuerpo legal busca otorgar el reconocimiento oficial de la ausencia de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar de 1973 a 1990. Para ello, crea un registro público, gratuito y digital, que será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y cuya base de datos provendrá de la Subsecretaría de Derechos Humanos, incorporando antecedentes de comisiones de verdad y sentencias judiciales. Ante esto, la secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, subrayó la importancia de la ley, especialmente a 52 años del golpe militar.Hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, y sus familiares podrán acceder a un certificado que informe que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada, afirmó. La seremi también recordó el dolor regional, mencionando el paso de la Caravana de la Muerte en Antofagasta y Calama, destacando que este paso legal esmuy significativo para que en nuestro país nunca se legitimen las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, calificó la aprobación comouna forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, enfatizó que es un paso clave para fortalecer la búsqueda de la verdad y justicia, ya queChile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando.
En un hito sin precedentes, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha declarado Monumento Histórico más de 230 mil documentos secretos del Ministerio de Defensa. La medida, solicitada por la misma cartera, garantiza la protección y conservación de un acervo crucial para la memoria del país. Los archivos, que abarcan desde el golpe de Estado de 1973 hasta el fin de la dictadura en 1990, ahora estarán bajo la supervisión del CMN para cualquier labor de conservación o restauración. Estos documentos, clasificados como “secretos” o “reservados”, revelan detalles del control que las Fuerzas Armadas ejercían sobre la administración del Estado. Entre ellos se encuentran órdenes del exgeneral Augusto Pinochet y directrices que prohibían a personal militar declarar en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos sin autorización. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, resaltó que la información contenida en estos archivos es un aporte fundamental para el Plan Nacional de Búsqueda, que busca esclarecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada. La iniciativa, denominada Proyecto Mnemósine, ha revisado hasta ahora 494 de los 772 volúmenes que componen el archivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó la importancia de estos documentos no solo para la memoria histórica, sino también para el Plan Nacional de Búsqueda, haciendo un llamado a asegurar su continuidad como una política de Estado. Finalmente, con esta declaración, se avanza en la digitalización de los documentos para facilitar su consulta pública, un paso clave para poner a disposición de la ciudadanía un archivo tan valioso de un periodo de quiebre democrático en Chile.
