La farmacéutica AstraZeneca reconoció por primera vez la posible relación entre su vacuna contra el COVID-19 y casos de trombosis en personas. Este reconocimiento se hizo evidente en una serie de documentos presentados por la empresa, de origen británico, en un juicio que actualmente enfrenta en Reino Unido. Según informes de Wired, dentro del proceso se ha destacado que los demandantes han citado un total de 51 casos de trombosis, registrados entre 2020 y 2021. Uno de los casos presentados en el juicio es el de Jamie Scott, quien en 2021 sufrió una lesión cerebral irreversible debido a la formación de un coágulo y una futura hemorragia. Se afirmó que estos eventos ocurrieron poco tiempo después de que Scott recibiera la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en abril de ese mismo año. La revelación por parte de AstraZeneca se dio a conocer a través de un documento confidencial durante el desarrollo del juicio. Según el medio The Telegraph, en 2021, la empresa había desestimado la denuncia relacionada con el caso de Scott. Sin embargo, la versión presentada en el juicio actual contrasta notablemente con la posición expresada durante un juicio anterior en 2023, donde se afirmaba que no se aceptaba que el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) fuera causado por la vacuna a nivel genérico. AstraZeneca admitió por primera vez en febrero de este año que su vacuna puede causar TTS en casos muy raros, aunque señaló que el mecanismo causal aún es desconocido. Esta admisión marca un cambio significativo en la postura de la compañía respecto a los posibles efectos secundarios de su vacuna. La demanda en contra de AstraZeneca asciende a los 125 millones de dólares y podría resolverse en el segundo semestre de este año.
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
La farmacéutica AstraZeneca reconoció por primera vez la posible relación entre su vacuna contra el COVID-19 y casos de trombosis en personas. Este reconocimiento se hizo evidente en una serie de documentos presentados por la empresa, de origen británico, en un juicio que actualmente enfrenta en Reino Unido. Según informes de Wired, dentro del proceso se ha destacado que los demandantes han citado un total de 51 casos de trombosis, registrados entre 2020 y 2021. Uno de los casos presentados en el juicio es el de Jamie Scott, quien en 2021 sufrió una lesión cerebral irreversible debido a la formación de un coágulo y una futura hemorragia. Se afirmó que estos eventos ocurrieron poco tiempo después de que Scott recibiera la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en abril de ese mismo año. La revelación por parte de AstraZeneca se dio a conocer a través de un documento confidencial durante el desarrollo del juicio. Según el medio The Telegraph, en 2021, la empresa había desestimado la denuncia relacionada con el caso de Scott. Sin embargo, la versión presentada en el juicio actual contrasta notablemente con la posición expresada durante un juicio anterior en 2023, donde se afirmaba que no se aceptaba que el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) fuera causado por la vacuna a nivel genérico. AstraZeneca admitió por primera vez en febrero de este año que su vacuna puede causar TTS en casos muy raros, aunque señaló que el mecanismo causal aún es desconocido. Esta admisión marca un cambio significativo en la postura de la compañía respecto a los posibles efectos secundarios de su vacuna. La demanda en contra de AstraZeneca asciende a los 125 millones de dólares y podría resolverse en el segundo semestre de este año.
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
