El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, ha sido demandado por acoso laboral y sexual, en una acción legal que fue interpuesta la semana pasada por el abogado Rubén Gajardo Morales, en representación de una funcionaria de la Municipalidad de Antofagasta. La demanda, presentada bajo la ley 21.643, conocida como Ley Karin, ha sido acogida a trámite por la justicia, lo que implica que Velásquez deberá enfrentar un proceso que incluye la perspectiva de género en su evaluación. De acuerdo con fuentes y datos extraoficiales recopilados por un reciente medio de comunicación creado, la demanda contiene relatos y pruebas que incluyen mensajes, regalos, fotos, una invitación a un concierto, y viajes a Santiago en circunstancias laborales no justificadas. La funcionaria afectada asegura que estos actos constituyen acoso, tal como lo define la normativa, que establece que tales conductas son causales de destitución en el sector público, si así lo determina el procedimiento sumarial. Desde Antofagasta TV, nos intentamos contactar con el abogado de la víctima para afirmar la demanda interpuesta, sin embargo no nos quisieron entregar más detalles de lo sucedido cortando la llamada. La Ley Karin considera acoso sexual actos como contacto físico indebido, chistes sexistas, insinuaciones inapropiadas, y el envío de material de carácter sexual, entre otros. En caso de que el sumario confirme las acusaciones, el alcalde podría enfrentar no solo la destitución, sino también sanciones disciplinarias adicionales. Este no es el primer enfrentamiento legal del alcalde Velásquez. Desde que asumió en 2021, ha enfrentado múltiples demandas por despidos injustificados, que han resultado en acuerdos o sentencias en su contra, costando al municipio más de 300 millones de pesos. Además, en 2022, el alcalde fue denunciado por denostar a funcionarias y funcionarios municipales en conversaciones filtradas del casoPlan 9 Papers, lo que generó una paralización de los trabajadores y un requerimiento a la Contraloría, aún sin respuesta. Actualmente, Velásquez Ramírez continúa enfrentando procesos legales por otras causas laborales, en las que se acusa vulneración de derechos fundamentales, hostigamiento, acoso, y discriminación. Algunos trabajadores incluso han desarrollado enfermedades profesionales debido al clima laboral generado por el edil, según lo acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
La farmacéutica AstraZeneca reconoció por primera vez la posible relación entre su vacuna contra el COVID-19 y casos de trombosis en personas. Este reconocimiento se hizo evidente en una serie de documentos presentados por la empresa, de origen británico, en un juicio que actualmente enfrenta en Reino Unido. Según informes de Wired, dentro del proceso se ha destacado que los demandantes han citado un total de 51 casos de trombosis, registrados entre 2020 y 2021. Uno de los casos presentados en el juicio es el de Jamie Scott, quien en 2021 sufrió una lesión cerebral irreversible debido a la formación de un coágulo y una futura hemorragia. Se afirmó que estos eventos ocurrieron poco tiempo después de que Scott recibiera la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en abril de ese mismo año. La revelación por parte de AstraZeneca se dio a conocer a través de un documento confidencial durante el desarrollo del juicio. Según el medio The Telegraph, en 2021, la empresa había desestimado la denuncia relacionada con el caso de Scott. Sin embargo, la versión presentada en el juicio actual contrasta notablemente con la posición expresada durante un juicio anterior en 2023, donde se afirmaba que no se aceptaba que el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) fuera causado por la vacuna a nivel genérico. AstraZeneca admitió por primera vez en febrero de este año que su vacuna puede causar TTS en casos muy raros, aunque señaló que el mecanismo causal aún es desconocido. Esta admisión marca un cambio significativo en la postura de la compañía respecto a los posibles efectos secundarios de su vacuna. La demanda en contra de AstraZeneca asciende a los 125 millones de dólares y podría resolverse en el segundo semestre de este año.
El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, ha sido demandado por acoso laboral y sexual, en una acción legal que fue interpuesta la semana pasada por el abogado Rubén Gajardo Morales, en representación de una funcionaria de la Municipalidad de Antofagasta. La demanda, presentada bajo la ley 21.643, conocida como Ley Karin, ha sido acogida a trámite por la justicia, lo que implica que Velásquez deberá enfrentar un proceso que incluye la perspectiva de género en su evaluación. De acuerdo con fuentes y datos extraoficiales recopilados por un reciente medio de comunicación creado, la demanda contiene relatos y pruebas que incluyen mensajes, regalos, fotos, una invitación a un concierto, y viajes a Santiago en circunstancias laborales no justificadas. La funcionaria afectada asegura que estos actos constituyen acoso, tal como lo define la normativa, que establece que tales conductas son causales de destitución en el sector público, si así lo determina el procedimiento sumarial. Desde Antofagasta TV, nos intentamos contactar con el abogado de la víctima para afirmar la demanda interpuesta, sin embargo no nos quisieron entregar más detalles de lo sucedido cortando la llamada. La Ley Karin considera acoso sexual actos como contacto físico indebido, chistes sexistas, insinuaciones inapropiadas, y el envío de material de carácter sexual, entre otros. En caso de que el sumario confirme las acusaciones, el alcalde podría enfrentar no solo la destitución, sino también sanciones disciplinarias adicionales. Este no es el primer enfrentamiento legal del alcalde Velásquez. Desde que asumió en 2021, ha enfrentado múltiples demandas por despidos injustificados, que han resultado en acuerdos o sentencias en su contra, costando al municipio más de 300 millones de pesos. Además, en 2022, el alcalde fue denunciado por denostar a funcionarias y funcionarios municipales en conversaciones filtradas del casoPlan 9 Papers, lo que generó una paralización de los trabajadores y un requerimiento a la Contraloría, aún sin respuesta. Actualmente, Velásquez Ramírez continúa enfrentando procesos legales por otras causas laborales, en las que se acusa vulneración de derechos fundamentales, hostigamiento, acoso, y discriminación. Algunos trabajadores incluso han desarrollado enfermedades profesionales debido al clima laboral generado por el edil, según lo acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
La farmacéutica AstraZeneca reconoció por primera vez la posible relación entre su vacuna contra el COVID-19 y casos de trombosis en personas. Este reconocimiento se hizo evidente en una serie de documentos presentados por la empresa, de origen británico, en un juicio que actualmente enfrenta en Reino Unido. Según informes de Wired, dentro del proceso se ha destacado que los demandantes han citado un total de 51 casos de trombosis, registrados entre 2020 y 2021. Uno de los casos presentados en el juicio es el de Jamie Scott, quien en 2021 sufrió una lesión cerebral irreversible debido a la formación de un coágulo y una futura hemorragia. Se afirmó que estos eventos ocurrieron poco tiempo después de que Scott recibiera la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en abril de ese mismo año. La revelación por parte de AstraZeneca se dio a conocer a través de un documento confidencial durante el desarrollo del juicio. Según el medio The Telegraph, en 2021, la empresa había desestimado la denuncia relacionada con el caso de Scott. Sin embargo, la versión presentada en el juicio actual contrasta notablemente con la posición expresada durante un juicio anterior en 2023, donde se afirmaba que no se aceptaba que el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) fuera causado por la vacuna a nivel genérico. AstraZeneca admitió por primera vez en febrero de este año que su vacuna puede causar TTS en casos muy raros, aunque señaló que el mecanismo causal aún es desconocido. Esta admisión marca un cambio significativo en la postura de la compañía respecto a los posibles efectos secundarios de su vacuna. La demanda en contra de AstraZeneca asciende a los 125 millones de dólares y podría resolverse en el segundo semestre de este año.
