Visiblemente incómodo, Javier Milei presentó una versión autoindulgente sobre el episodio que derivó en un escándalo internacional a partir de la difusión en su cuenta de X de la criptomoneda $LIBRA, que el viernes pasado se lanzó, aumentó exponencialmente su valor a raíz del apoyo presidencial y se desmoronó en cuestión de minutos cuando un grupo de traders anónimos retiró ganancias multimillonarias. El Presidente argentino hizo su defensa en una conversación con el periodista Jonatan Viale que no se difundió en vivo y fue interrumpida por los asesores de Milei, según se pudo ver en el video publicado por el propio canal emisor de la entrevista (TN), que luego fue borrado. En el diálogo, el Mandatario buscó negar que él hubiera obtenido beneficios económicos por el proyecto, desligó a sus funcionarios de cualquier error -en especial a su hermana Karina- y fue muy cuidadoso en el trato con los traders detrás del negocio que terminó mal, con denuncias presentadas en Argentina y en Estados Unidos. En ningún momento definió el caso como una estafa, a diferencia de lo que sostienen políticos opositores y especialistas en finanzas. La primera gran respuesta que tuvo que dar Milei es por qué decidió promover en sus redes un negocio de esas características, algo de lo que previenen a los presidentes varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Pública. Fuente: Emol
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el viernes 29 de noviembre, a las 08:30 horas, una audiencia clave solicitada por la defensa de Daniel Andrade, en el marco de una cautela de garantías. Los abogados José Ignacio Figueroa y Diego Sporman buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público entregar una copia de un informe policial que consideran esencial para la defensa de su representado. Según la defensa, el informe en cuestión, elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, está relacionado con el vaciado del teléfono celular que Andrade entregó voluntariamente. Este documento fue utilizado por el Ministerio Público para sustentar diligencias investigativas, pero su contenido ha sido declarado secreto, lo que, a juicio de los abogados, vulnera el derecho a defensa consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentan que, según el artículo 182, inciso quinto, del Código Procesal Penal, no corresponde mantener el secreto en este caso, dado que el informe contiene información de actuaciones en las que Andrade habría participado directamente. “La negativa del Ministerio Público de entregar este informe afecta gravemente el derecho de defensa de nuestro representado”, señala el escrito presentado por la defensa. Ante esta situación, solicitan que el tribunal adopte medidas para garantizar que Andrade pueda ejercer plenamente su derecho. La audiencia será determinante para evaluar si la negativa del Ministerio Público constituye una vulneración de garantías fundamentales. En su resolución, el tribunal accedió a la solicitud de audiencia y autorizó que los defensores de Andrade participen de manera remota, considerando que residen en Santiago. El caso ha adquirido mayor notoriedad tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez al Frente Amplio, luego de la divulgación de antecedentes que la vinculan al caso. Según un informe de la PDI, Pérez habría tenido conocimiento del vínculo entre Daniel Andrade y Carlos Contreras desde julio de 2022, en el contexto de transferencias de dinero y convenios investigados.
Visiblemente incómodo, Javier Milei presentó una versión autoindulgente sobre el episodio que derivó en un escándalo internacional a partir de la difusión en su cuenta de X de la criptomoneda $LIBRA, que el viernes pasado se lanzó, aumentó exponencialmente su valor a raíz del apoyo presidencial y se desmoronó en cuestión de minutos cuando un grupo de traders anónimos retiró ganancias multimillonarias. El Presidente argentino hizo su defensa en una conversación con el periodista Jonatan Viale que no se difundió en vivo y fue interrumpida por los asesores de Milei, según se pudo ver en el video publicado por el propio canal emisor de la entrevista (TN), que luego fue borrado. En el diálogo, el Mandatario buscó negar que él hubiera obtenido beneficios económicos por el proyecto, desligó a sus funcionarios de cualquier error -en especial a su hermana Karina- y fue muy cuidadoso en el trato con los traders detrás del negocio que terminó mal, con denuncias presentadas en Argentina y en Estados Unidos. En ningún momento definió el caso como una estafa, a diferencia de lo que sostienen políticos opositores y especialistas en finanzas. La primera gran respuesta que tuvo que dar Milei es por qué decidió promover en sus redes un negocio de esas características, algo de lo que previenen a los presidentes varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Pública. Fuente: Emol
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el viernes 29 de noviembre, a las 08:30 horas, una audiencia clave solicitada por la defensa de Daniel Andrade, en el marco de una cautela de garantías. Los abogados José Ignacio Figueroa y Diego Sporman buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público entregar una copia de un informe policial que consideran esencial para la defensa de su representado. Según la defensa, el informe en cuestión, elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, está relacionado con el vaciado del teléfono celular que Andrade entregó voluntariamente. Este documento fue utilizado por el Ministerio Público para sustentar diligencias investigativas, pero su contenido ha sido declarado secreto, lo que, a juicio de los abogados, vulnera el derecho a defensa consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentan que, según el artículo 182, inciso quinto, del Código Procesal Penal, no corresponde mantener el secreto en este caso, dado que el informe contiene información de actuaciones en las que Andrade habría participado directamente. “La negativa del Ministerio Público de entregar este informe afecta gravemente el derecho de defensa de nuestro representado”, señala el escrito presentado por la defensa. Ante esta situación, solicitan que el tribunal adopte medidas para garantizar que Andrade pueda ejercer plenamente su derecho. La audiencia será determinante para evaluar si la negativa del Ministerio Público constituye una vulneración de garantías fundamentales. En su resolución, el tribunal accedió a la solicitud de audiencia y autorizó que los defensores de Andrade participen de manera remota, considerando que residen en Santiago. El caso ha adquirido mayor notoriedad tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez al Frente Amplio, luego de la divulgación de antecedentes que la vinculan al caso. Según un informe de la PDI, Pérez habría tenido conocimiento del vínculo entre Daniel Andrade y Carlos Contreras desde julio de 2022, en el contexto de transferencias de dinero y convenios investigados.
