Este martes 14 de julio, la concejala Karina Guzmán, solicitó a Contraloría iniciar una fiscalización a los recursos destinados a la habilitación y mejoramiento de un inmueble ubicado en el centro de la capital regional, que es arrendado por la Municipalidad de Antofagasta. Esto, luego de la aprobación de $683.341.299 que serán utilizados para habilitación, reparación y mejoramiento de un edificio ubicado en calle Matta, que es arrendado por la casa consistorial, por un costo de aproximadamente $18.000.000 mensuales. Durante más de un año la Municipalidad ha pagado cerca de $18 millones mensuales por este inmueble que se arrendó por 4 años y ahora pretende invertir otros $683 millones para habilitarlo. La pregunta es simple: ¿se arrendó un edificio apto para funcionar o uno que requería una millonaria intervención para ser utilizado?, señaló la concejala. Además, de acuerdo a la autoridad, la magnitud de los recursos cuestiona las condiciones en las que se encontraba el inmueble cuando inició el arrendamiento, lo que debió haber sido evaluado antes de implicar los recursos municipales. Incluso, la situación fue advertida por la misma concejala a Contraloría el 31 de diciembre de 2025, cuando cuestionó que el arrendamiento del inmueble no registraba una utilización efectiva para fines municipales. Lo más preocupante es que estamos hablando de recursos públicos invertidos en una propiedad privada. Los vecinos tienen derecho a saber quién tomó estas decisiones, bajo qué criterios y qué garantías existen para evitar que esta inversión termine beneficiando el patrimonio de un tercero, sostuvo Guzmán. En este escenario, en el oficio la edil solicitó determinar si las obras generan un beneficio patrimonial para el propietario del inmueble y evaluar la existencia de un eventual detrimento patrimonial para el municipio. Resulta indispensable que ese órgano de control realice una fiscalización exhaustiva destinada a determinar la legalidad, razonabilidad y conveniencia de las decisiones adoptadas, establecer las responsabilidades administrativas que correspondan y resguardar debidamente el patrimonio de la Municipalidad de Antofagasta, cerró la concejala.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Este martes 14 de julio, la concejala Karina Guzmán, solicitó a Contraloría iniciar una fiscalización a los recursos destinados a la habilitación y mejoramiento de un inmueble ubicado en el centro de la capital regional, que es arrendado por la Municipalidad de Antofagasta. Esto, luego de la aprobación de $683.341.299 que serán utilizados para habilitación, reparación y mejoramiento de un edificio ubicado en calle Matta, que es arrendado por la casa consistorial, por un costo de aproximadamente $18.000.000 mensuales. Durante más de un año la Municipalidad ha pagado cerca de $18 millones mensuales por este inmueble que se arrendó por 4 años y ahora pretende invertir otros $683 millones para habilitarlo. La pregunta es simple: ¿se arrendó un edificio apto para funcionar o uno que requería una millonaria intervención para ser utilizado?, señaló la concejala. Además, de acuerdo a la autoridad, la magnitud de los recursos cuestiona las condiciones en las que se encontraba el inmueble cuando inició el arrendamiento, lo que debió haber sido evaluado antes de implicar los recursos municipales. Incluso, la situación fue advertida por la misma concejala a Contraloría el 31 de diciembre de 2025, cuando cuestionó que el arrendamiento del inmueble no registraba una utilización efectiva para fines municipales. Lo más preocupante es que estamos hablando de recursos públicos invertidos en una propiedad privada. Los vecinos tienen derecho a saber quién tomó estas decisiones, bajo qué criterios y qué garantías existen para evitar que esta inversión termine beneficiando el patrimonio de un tercero, sostuvo Guzmán. En este escenario, en el oficio la edil solicitó determinar si las obras generan un beneficio patrimonial para el propietario del inmueble y evaluar la existencia de un eventual detrimento patrimonial para el municipio. Resulta indispensable que ese órgano de control realice una fiscalización exhaustiva destinada a determinar la legalidad, razonabilidad y conveniencia de las decisiones adoptadas, establecer las responsabilidades administrativas que correspondan y resguardar debidamente el patrimonio de la Municipalidad de Antofagasta, cerró la concejala.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
