Un nuevo golpe recibe la Municipalidad de Antofagasta. A los problemas con la Seremi de Salud, se sumó un complejo informe de la Contraloría Regional de Antofagasta, donde se exponen múltiples irregularidades cometidas por la Dirección Jurídica de la casa consistorial, donde también se establecen responsabilidades por falta de supervisión. El órgano fiscalizador emitió el Informe Final de Investigación Especial N° 654, con fecha 25 de noviembre de 2025, en el que se acreditan una serie de irregularidades propiciadas por Paulina Vallejo Rojas, abogada a contrata de la Dirección de Asesoría Jurídica, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. La funcionaria patrocinó y participó en acciones judiciales contra organismos del Estado en causa ante el Juzgado de Letras de Tocopilla y la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pese a que la ley prohibe expresamente a funcionarios públicos ejercer como representantes contra entidades estatales. Además, hizo gestiones privadas durante su jornada laboral, a veces des instalaciones municipales, lo que constituye uso indebido de tiempo y recursos públicos. En esa misma línea, el informe establece que todo lo anterior estaba bajo conocimiento de la entonces directora jurídica, Jessica Matus Arenas, quien incluso autorizó al menos una diligencia. A ello, se suman una serie deficiencias en el control interno; conciliaciones bancarias sin revisión independiente, ausencia de procedimientos para revisar incompatibilidades y retrasos de hasta 35 días hábiles en la emisión de decretos de permisos administrativos y horas compensadas. Las medidas En este escenario, la Contraloría instruyó que la Municipalidad deberá: Efectuar un proceso de regularización, previo traslado a la funcionaria, para obtener el reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente por el tiempo no trabajado. Lo que deberá acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final. Además, el órgano iniciará un sumario administrativo al municipio para determinar las responsabilidades de los hechos y finalmente, la casa consistorial también tendrá un plazo de 60 días para implementar nuevas medidas de control para la supervisión de sus funcionarios. La Municipalidad de Antofagasta deberá implementar los mecanismos de control que resulten necesarios a fin de que los directivos y/o jefaturas de la entidad cumplan con su rol de supervisión de los funcionarios bajo su dependencia, y así detectar de manera oportuna eventuales irregularidades que afecten a la función pública. Lo que deberá ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final, establece el documento.
Un nuevo golpe recibe la Municipalidad de Antofagasta. A los problemas con la Seremi de Salud, se sumó un complejo informe de la Contraloría Regional de Antofagasta, donde se exponen múltiples irregularidades cometidas por la Dirección Jurídica de la casa consistorial, donde también se establecen responsabilidades por falta de supervisión. El órgano fiscalizador emitió el Informe Final de Investigación Especial N° 654, con fecha 25 de noviembre de 2025, en el que se acreditan una serie de irregularidades propiciadas por Paulina Vallejo Rojas, abogada a contrata de la Dirección de Asesoría Jurídica, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. La funcionaria patrocinó y participó en acciones judiciales contra organismos del Estado en causa ante el Juzgado de Letras de Tocopilla y la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pese a que la ley prohibe expresamente a funcionarios públicos ejercer como representantes contra entidades estatales. Además, hizo gestiones privadas durante su jornada laboral, a veces des instalaciones municipales, lo que constituye uso indebido de tiempo y recursos públicos. En esa misma línea, el informe establece que todo lo anterior estaba bajo conocimiento de la entonces directora jurídica, Jessica Matus Arenas, quien incluso autorizó al menos una diligencia. A ello, se suman una serie deficiencias en el control interno; conciliaciones bancarias sin revisión independiente, ausencia de procedimientos para revisar incompatibilidades y retrasos de hasta 35 días hábiles en la emisión de decretos de permisos administrativos y horas compensadas. Las medidas En este escenario, la Contraloría instruyó que la Municipalidad deberá: Efectuar un proceso de regularización, previo traslado a la funcionaria, para obtener el reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente por el tiempo no trabajado. Lo que deberá acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final. Además, el órgano iniciará un sumario administrativo al municipio para determinar las responsabilidades de los hechos y finalmente, la casa consistorial también tendrá un plazo de 60 días para implementar nuevas medidas de control para la supervisión de sus funcionarios. La Municipalidad de Antofagasta deberá implementar los mecanismos de control que resulten necesarios a fin de que los directivos y/o jefaturas de la entidad cumplan con su rol de supervisión de los funcionarios bajo su dependencia, y así detectar de manera oportuna eventuales irregularidades que afecten a la función pública. Lo que deberá ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final, establece el documento.
