La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
