La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Calama detuvieron a dos ciudadanos bolivianos que transportaban un importante cargamento de contrabando que ingresó de manera irregular a Chile. El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió sacar de circulación una gran cantidad de mercancía ilegal, incluyendo drogas, cigarrillos y productos de riesgo sanitario. La diligencia se enmarcó en una infracción flagrante por contrabando, luego de un trabajo de análisis policial que logró identificar rutas clandestinas utilizadas para evadir los controles aduaneros, principalmente en la región de Tarapacá. En el control policial, los oficiales fiscalizaron un camión marca Hino que circulaba con la placa patente delantera doblada. Al inspeccionar el vehículo, los detectives hallaron: 96 pacas de cigarrillos de diversas marcas. 20 sacos de hoja de coca, con un peso total de 458,5 kilos. 216 cajas con 38.880 huevos de contrabando. 07 sacos con productos agrícolas de diversa naturaleza. Ante esto, los dos ocupantes del camión fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Se confirmó que ambos son de nacionalidad boliviana y uno de ellos se encuentra en situación migratoria irregular, registrando además una expulsión administrativa previa del territorio nacional. Según la investigación, el millonario cargamento tenía como destino la comercialización en las ferias rotativas de Calama. Tras la incautación, el camión y los cigarrillos fueron derivados al Servicio Nacional de Aduanas, mientras que los huevos y demás productos agrícolas fueron remitidos a la Seremi de Salud y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su destrucción. Finalmente, el jefe de la Brianco Calama, subprefecto Patricio Méndez Charcas, enfatizó el compromiso de la institución: “Este procedimiento es resultado de un trabajo investigativo y de análisis policial que nos permitió identificar rutas utilizadas para ingresar productos de contrabando a la provincia de El Loa. Como Policía de Investigaciones, mantenemos un compromiso permanente con la comunidad para neutralizar este tipo de delitos que afectan la economía y ponen en riesgo la salud de la población”, concluyó.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Calama detuvieron a dos ciudadanos bolivianos que transportaban un importante cargamento de contrabando que ingresó de manera irregular a Chile. El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió sacar de circulación una gran cantidad de mercancía ilegal, incluyendo drogas, cigarrillos y productos de riesgo sanitario. La diligencia se enmarcó en una infracción flagrante por contrabando, luego de un trabajo de análisis policial que logró identificar rutas clandestinas utilizadas para evadir los controles aduaneros, principalmente en la región de Tarapacá. En el control policial, los oficiales fiscalizaron un camión marca Hino que circulaba con la placa patente delantera doblada. Al inspeccionar el vehículo, los detectives hallaron: 96 pacas de cigarrillos de diversas marcas. 20 sacos de hoja de coca, con un peso total de 458,5 kilos. 216 cajas con 38.880 huevos de contrabando. 07 sacos con productos agrícolas de diversa naturaleza. Ante esto, los dos ocupantes del camión fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Se confirmó que ambos son de nacionalidad boliviana y uno de ellos se encuentra en situación migratoria irregular, registrando además una expulsión administrativa previa del territorio nacional. Según la investigación, el millonario cargamento tenía como destino la comercialización en las ferias rotativas de Calama. Tras la incautación, el camión y los cigarrillos fueron derivados al Servicio Nacional de Aduanas, mientras que los huevos y demás productos agrícolas fueron remitidos a la Seremi de Salud y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su destrucción. Finalmente, el jefe de la Brianco Calama, subprefecto Patricio Méndez Charcas, enfatizó el compromiso de la institución: “Este procedimiento es resultado de un trabajo investigativo y de análisis policial que nos permitió identificar rutas utilizadas para ingresar productos de contrabando a la provincia de El Loa. Como Policía de Investigaciones, mantenemos un compromiso permanente con la comunidad para neutralizar este tipo de delitos que afectan la economía y ponen en riesgo la salud de la población”, concluyó.
