La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
Este miércoles se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal civil de Antofagasta retener $123.670.385 de pesos a la fundación Urbanismo Social, investigada por Fiscalía en varias regiones del país en el marco del Caso Convenios. De acuerdo a información de El Mercurio, fueron suscritos dos convenios con Urbanismo Social para diseñar y urbanizar campamentos en Antofagasta por $227 millones, cuyas rendiciones no fueron presentadas. Por lo el Minvu decidió liquidar los contratos. Un documento del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, señalaría que ambos convenios presentan 55% y 43% del monto total transferido rendido y aprobado, respectivamente, encontrándose ad portas de expirar su vigencia. No obstante, el CDE sostiene que la falta de documentación hace imposible la revisión del correcto uso de los recursos transferidos. Todo indica que la fundación no cuenta con ningún tipo de bien sujeto a registro y que sus recursos solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado. Por lo tanto, se enfrentará un dificilísimo escenario económico, explica la información difundida en Cooperativa.
Este lunes se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Ministerio Público cuatro diligencias, en relación a la investigación de convenios que involucran el traspaso de dinero desde organismoas estatales a la Fundación Procultura. En total $873.002.500 en Antofagasta, dineros que el organismo debería devolver pero no se ha concretado. Según LaTercera, el CDE solicitó a organismos especilizados averiguar la ruta de los dineros de la entidad investigada por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país, ya que no existen fondos en las cuentas que mantenía la fundación. En específico, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debería realizar un lavantamiento patrimonial de Procultura y su directiva compuesta por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch. Esto de acuerdo a un escrito enviado por el CDE al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. También habrían requerido información al Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto sobre la fundación como de los integrantes del directorio, diligencia que debería repetirse en la Comisión para el Mercado Financiero y en otras entidades. Con esta acción buscarían determinar si la fundación mantiene otro tipo de cuentas o productos. Por lo tanto, solicitan una acción judicial para levantar el secreto bancario desde el 29 de diciembre de 2022. Cabe recordar que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso término anticipado a los convenios que mantenía con Procultura. Mientras que el CDE intentó retener los fondos -pero no fue posible- ya que no había dinero en la cuenta corriente de la organización.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
Este miércoles se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal civil de Antofagasta retener $123.670.385 de pesos a la fundación Urbanismo Social, investigada por Fiscalía en varias regiones del país en el marco del Caso Convenios. De acuerdo a información de El Mercurio, fueron suscritos dos convenios con Urbanismo Social para diseñar y urbanizar campamentos en Antofagasta por $227 millones, cuyas rendiciones no fueron presentadas. Por lo el Minvu decidió liquidar los contratos. Un documento del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, señalaría que ambos convenios presentan 55% y 43% del monto total transferido rendido y aprobado, respectivamente, encontrándose ad portas de expirar su vigencia. No obstante, el CDE sostiene que la falta de documentación hace imposible la revisión del correcto uso de los recursos transferidos. Todo indica que la fundación no cuenta con ningún tipo de bien sujeto a registro y que sus recursos solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado. Por lo tanto, se enfrentará un dificilísimo escenario económico, explica la información difundida en Cooperativa.
Este lunes se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Ministerio Público cuatro diligencias, en relación a la investigación de convenios que involucran el traspaso de dinero desde organismoas estatales a la Fundación Procultura. En total $873.002.500 en Antofagasta, dineros que el organismo debería devolver pero no se ha concretado. Según LaTercera, el CDE solicitó a organismos especilizados averiguar la ruta de los dineros de la entidad investigada por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país, ya que no existen fondos en las cuentas que mantenía la fundación. En específico, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debería realizar un lavantamiento patrimonial de Procultura y su directiva compuesta por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch. Esto de acuerdo a un escrito enviado por el CDE al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. También habrían requerido información al Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto sobre la fundación como de los integrantes del directorio, diligencia que debería repetirse en la Comisión para el Mercado Financiero y en otras entidades. Con esta acción buscarían determinar si la fundación mantiene otro tipo de cuentas o productos. Por lo tanto, solicitan una acción judicial para levantar el secreto bancario desde el 29 de diciembre de 2022. Cabe recordar que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso término anticipado a los convenios que mantenía con Procultura. Mientras que el CDE intentó retener los fondos -pero no fue posible- ya que no había dinero en la cuenta corriente de la organización.
