El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
Este miércoles se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal civil de Antofagasta retener $123.670.385 de pesos a la fundación Urbanismo Social, investigada por Fiscalía en varias regiones del país en el marco del Caso Convenios. De acuerdo a información de El Mercurio, fueron suscritos dos convenios con Urbanismo Social para diseñar y urbanizar campamentos en Antofagasta por $227 millones, cuyas rendiciones no fueron presentadas. Por lo el Minvu decidió liquidar los contratos. Un documento del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, señalaría que ambos convenios presentan 55% y 43% del monto total transferido rendido y aprobado, respectivamente, encontrándose ad portas de expirar su vigencia. No obstante, el CDE sostiene que la falta de documentación hace imposible la revisión del correcto uso de los recursos transferidos. Todo indica que la fundación no cuenta con ningún tipo de bien sujeto a registro y que sus recursos solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado. Por lo tanto, se enfrentará un dificilísimo escenario económico, explica la información difundida en Cooperativa.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
Este miércoles se conoció que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal civil de Antofagasta retener $123.670.385 de pesos a la fundación Urbanismo Social, investigada por Fiscalía en varias regiones del país en el marco del Caso Convenios. De acuerdo a información de El Mercurio, fueron suscritos dos convenios con Urbanismo Social para diseñar y urbanizar campamentos en Antofagasta por $227 millones, cuyas rendiciones no fueron presentadas. Por lo el Minvu decidió liquidar los contratos. Un documento del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, señalaría que ambos convenios presentan 55% y 43% del monto total transferido rendido y aprobado, respectivamente, encontrándose ad portas de expirar su vigencia. No obstante, el CDE sostiene que la falta de documentación hace imposible la revisión del correcto uso de los recursos transferidos. Todo indica que la fundación no cuenta con ningún tipo de bien sujeto a registro y que sus recursos solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado. Por lo tanto, se enfrentará un dificilísimo escenario económico, explica la información difundida en Cooperativa.
