Este miércoles desarrolló la Comisión Mixta del Congreso Nacional aprobó por unanimidad el Presupuesto 2027 para los Gobiernos Regionales, luego de que se dejara sin efecto la reducción de recursos propuesto por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, por lo que se mantendrá el mismo presupuesto de 2026. La propuesta inicial impulsada por la cartera liderada por el ministro Jorge Quiroz, contemplaba de entre 10% y 20% para los gobiernos regionales, equivalentes a cerca de $250 mil millones para todas las regiones del país. En el caso de Antofagasta, la reducción alcanzaría el 18%. Sin embargo, durante esta jornada, la discusión avanzó y ante la participación de los gobernadores regionales de Chile, agrupados en AGORECHI, se determinó no concretar la reducción del presupuesto. La instancia, también contó con el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Ustedes saben que empezamos muy mal con un descuento que para nuestras regiones era un 18% menos, es decir, 18 mil millones de pesos menos, y ahora lo que hemos logrado es mantener el presupuesto del año pasado con un descuento menor de alrededor de mil millones de pesos, señaló el jefe regional. Además, en la comisión se acordó sumar $95 mil millones el proyecto original que actualmente está en tramitación, quedando en $1,82 billones con foco en empleo e inversión. En este escenario, los ingresos propios no formarían parte del marco presupuestario normado por la ley, sino que serán incorporados de manera paulatina, mediante una resolución del propio GORE. Una vez tramitado el ingreso, será la Dirección de Pr4esupuestos la entidad encargada de elaborar un decreto de modificación presupuestaria. Lo bueno es que va haber más flexibilidad, va a haber una apertura más temprana. Además, se ha logrado por fin aclarar que las malas ejecuciones de los gobiernos regionales dependen muchas veces de los servicios y que se requiere que el Estado agilice las aprobaciones de los gobiernos regionales, destacó Ricardo Díaz. Y finalmente remarcó que: Este fue un gran paso, porque esta ley no tiene que ver tanto con los montos, sino, tiene que ver más con flexibilidades, con menos controles, con mayor facilidad para poder invertir en nuestra región, así que estamos satisfechos.
Ese martes, diputados de la Región de Antofagasta presentaron el proyecto de ley Ley Javiera Jiménez, iniciativa que tiene po objetivo fortalecer la investigación temprana de desapariciones, sancionar la obstrucción de las búsquedas y además, robustecer las medidas cautelares para presuntos responsables responsables. La iniciativa fue impulsada por el crimen de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la región de Antofagasta en 2024. Además, se suma el caso de Fernanda Maciel. El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal, con el objetivo de establecer tempranamente el último paradero de la persona que se encuentre desaparecida e incluso la última persona que tuvo contacto directo. Además, incorpora penas para quienes incurran en la obstrucción de la búsqueda. Entre las principales medidas el proyecto propone que una vez realizada la denuncia, dentro de las primeras 24 horas las policías, deberán trabajar para identificar a la última persona o personas que tuvieron contacto directo con quien se encuentra desaparecido, en el caso que existan antecedentes verificables sobre aquello. En ese sentido, también contempla recopilación búsqueda de información sobre el último lugar conocido de la persona desaparecida, considerando vehículos, trayectos o cualquier componente que permita contribuir a identificar el último paradero. Por otra parte, la iniciativa también incorpora al A rtículo 269 ter, un nuevo Artículo 269 quáter; que tiene por objetivo sancionar con presidio menor en su grado medio, a quienes obstruyan las búsquedas. Finalmente, el proyecto busca que los tribunales consideren expresamente determinadas restricciones cuando un imputado no quede con la medida cautelar de prisión preventiva, aunque no sean solicitadas por las partes.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
Este miércoles desarrolló la Comisión Mixta del Congreso Nacional aprobó por unanimidad el Presupuesto 2027 para los Gobiernos Regionales, luego de que se dejara sin efecto la reducción de recursos propuesto por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, por lo que se mantendrá el mismo presupuesto de 2026. La propuesta inicial impulsada por la cartera liderada por el ministro Jorge Quiroz, contemplaba de entre 10% y 20% para los gobiernos regionales, equivalentes a cerca de $250 mil millones para todas las regiones del país. En el caso de Antofagasta, la reducción alcanzaría el 18%. Sin embargo, durante esta jornada, la discusión avanzó y ante la participación de los gobernadores regionales de Chile, agrupados en AGORECHI, se determinó no concretar la reducción del presupuesto. La instancia, también contó con el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Ustedes saben que empezamos muy mal con un descuento que para nuestras regiones era un 18% menos, es decir, 18 mil millones de pesos menos, y ahora lo que hemos logrado es mantener el presupuesto del año pasado con un descuento menor de alrededor de mil millones de pesos, señaló el jefe regional. Además, en la comisión se acordó sumar $95 mil millones el proyecto original que actualmente está en tramitación, quedando en $1,82 billones con foco en empleo e inversión. En este escenario, los ingresos propios no formarían parte del marco presupuestario normado por la ley, sino que serán incorporados de manera paulatina, mediante una resolución del propio GORE. Una vez tramitado el ingreso, será la Dirección de Pr4esupuestos la entidad encargada de elaborar un decreto de modificación presupuestaria. Lo bueno es que va haber más flexibilidad, va a haber una apertura más temprana. Además, se ha logrado por fin aclarar que las malas ejecuciones de los gobiernos regionales dependen muchas veces de los servicios y que se requiere que el Estado agilice las aprobaciones de los gobiernos regionales, destacó Ricardo Díaz. Y finalmente remarcó que: Este fue un gran paso, porque esta ley no tiene que ver tanto con los montos, sino, tiene que ver más con flexibilidades, con menos controles, con mayor facilidad para poder invertir en nuestra región, así que estamos satisfechos.
Ese martes, diputados de la Región de Antofagasta presentaron el proyecto de ley Ley Javiera Jiménez, iniciativa que tiene po objetivo fortalecer la investigación temprana de desapariciones, sancionar la obstrucción de las búsquedas y además, robustecer las medidas cautelares para presuntos responsables responsables. La iniciativa fue impulsada por el crimen de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la región de Antofagasta en 2024. Además, se suma el caso de Fernanda Maciel. El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal, con el objetivo de establecer tempranamente el último paradero de la persona que se encuentre desaparecida e incluso la última persona que tuvo contacto directo. Además, incorpora penas para quienes incurran en la obstrucción de la búsqueda. Entre las principales medidas el proyecto propone que una vez realizada la denuncia, dentro de las primeras 24 horas las policías, deberán trabajar para identificar a la última persona o personas que tuvieron contacto directo con quien se encuentra desaparecido, en el caso que existan antecedentes verificables sobre aquello. En ese sentido, también contempla recopilación búsqueda de información sobre el último lugar conocido de la persona desaparecida, considerando vehículos, trayectos o cualquier componente que permita contribuir a identificar el último paradero. Por otra parte, la iniciativa también incorpora al A rtículo 269 ter, un nuevo Artículo 269 quáter; que tiene por objetivo sancionar con presidio menor en su grado medio, a quienes obstruyan las búsquedas. Finalmente, el proyecto busca que los tribunales consideren expresamente determinadas restricciones cuando un imputado no quede con la medida cautelar de prisión preventiva, aunque no sean solicitadas por las partes.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
