La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley Alberto; proyecto de ley que busca modificar la Ley de Tránsito, para establecer la obligación de aplicar de forma periódica, controles de consumo de alcohol y drogas a conductores del transporte público. La normativa establece la obligación de quienes tienen a cargo estos servicios, sean públicos o privados, de practicar cada cuatro meses pruebas respiratorias u otras que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción y a su costo. La iniciativa se conoce comoLey Alberto a raíz del caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante que murió atropellado por un chofer de microbús, quien conducía bajo la influencia de drogas. El proyecto fue despachado al senado, para cumplir con su segundo trámite legislativo. Además, la norma propone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con la cartera de Trabajo, establezcan por reglamento el procedimiento y periodicidad de las pruebas de control de consumo de drogas. Así también, los criterios objetivos, generales y despersonalizados de selección del personal de conducción sujeto a su aplicación, entre otras materias. El proyecto contempla la obligación de los prestadores de los servicios a mantener un registro sobre las pruebas aplicadas, junto a la información del personal que es fiscalizado. Tras ello, los registros deben ser remitidos al Ministerio de Transportes dentro de los sietes días siguientes a la aplicación del test. En caso de que no se cumpla dicha obligación, el incumplimiento será denunciado por la Subsecretaría de Transportes al juzgado de policía local competente, implicará una multa de 2 a 10 UTM ($140.000 a $699.000 app.), por cada incumplimiento verificado. Eso sí, la ley también dispone resguardo de los derechos de las personas a acceso a la atención de salud; los deberes de secreto y confidencialidad del personal calificado encargado de la toma de muestras y la protección de datos personales.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley Alberto; proyecto de ley que busca modificar la Ley de Tránsito, para establecer la obligación de aplicar de forma periódica, controles de consumo de alcohol y drogas a conductores del transporte público. La normativa establece la obligación de quienes tienen a cargo estos servicios, sean públicos o privados, de practicar cada cuatro meses pruebas respiratorias u otras que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción y a su costo. La iniciativa se conoce comoLey Alberto a raíz del caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante que murió atropellado por un chofer de microbús, quien conducía bajo la influencia de drogas. El proyecto fue despachado al senado, para cumplir con su segundo trámite legislativo. Además, la norma propone que el Ministerio de Transportes, en conjunto con la cartera de Trabajo, establezcan por reglamento el procedimiento y periodicidad de las pruebas de control de consumo de drogas. Así también, los criterios objetivos, generales y despersonalizados de selección del personal de conducción sujeto a su aplicación, entre otras materias. El proyecto contempla la obligación de los prestadores de los servicios a mantener un registro sobre las pruebas aplicadas, junto a la información del personal que es fiscalizado. Tras ello, los registros deben ser remitidos al Ministerio de Transportes dentro de los sietes días siguientes a la aplicación del test. En caso de que no se cumpla dicha obligación, el incumplimiento será denunciado por la Subsecretaría de Transportes al juzgado de policía local competente, implicará una multa de 2 a 10 UTM ($140.000 a $699.000 app.), por cada incumplimiento verificado. Eso sí, la ley también dispone resguardo de los derechos de las personas a acceso a la atención de salud; los deberes de secreto y confidencialidad del personal calificado encargado de la toma de muestras y la protección de datos personales.
