El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
