La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó a la Municipalidad de Antofagasta entregar todos los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que sustentaron la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), luego de detectar que no existen fundamentos claros que expliquen cómo se determinó el monto acordado entre ambas partes. La revisión del organismo fiscalizador se originó tras una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán, quien manifestó reparos respecto del convenio al considerar que podría generar un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Según el oficio emitido por la Contraloría Regional, el acuerdo fue firmado el 26 de diciembre de 2025 con el propósito de poner fin a las controversias derivadas del uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y de su infraestructura complementaria por parte del Club de Deportes Antofagasta. Como parte de la transacción, el CDA se comprometió a pagar $200 millones a la Municipalidad de Antofagasta, monto que sería cancelado en 24 cuotas iguales y sucesivas. A cambio, el municipio renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas relacionadas con hechos ocurridos antes de la firma del convenio. Sin embargo, durante la fiscalización, la Contraloría advirtió una importante diferencia entre el monto pactado y las estimaciones elaboradas previamente por la propia administración municipal. En efecto, un informe emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), con fecha 7 de mayo de 2025, calculó que la deuda mantenida por el club ascendía a $638.831.206, cifra que supera ampliamente los $200 millones finalmente convenidos. Pese a ello, el organismo fiscalizador indicó que no fue posible identificar los antecedentes que justificaron la rebaja del monto ni los criterios utilizados para fijar la suma acordada en la transacción extrajudicial. A ello se suma que, según la propia Municipalidad de Antofagasta, los informes internos disponibles no contaban con una metodología que permitiera establecer con precisión el valor de la deuda y, además, dicha obligación nunca fue reconocida formalmente por el Club de Deportes Antofagasta. Frente a este escenario, la Contraloría otorgó un plazo de diez días hábiles para que el municipio remita toda la documentación que sirvió de base para valorar económicamente el acuerdo, incluyendo informes técnicos, antecedentes financieros, análisis jurídicos u otros elementos que permitan respaldar la decisión adoptada. Una vez recibida la información, el organismo fiscalizador evaluará si la transacción extrajudicial cuenta con fundamentos suficientes y si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, determinando eventualmente la adopción de nuevas medidas en caso de detectarse irregularidades. El pronunciamiento de la Contraloría vuelve a poner bajo revisión uno de los acuerdos más relevantes alcanzados entre el municipio y el principal club deportivo de la región, debido al significativo monto involucrado y al eventual impacto que podría tener sobre los recursos públicos de la comuna.
La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó a la Municipalidad de Antofagasta entregar todos los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que sustentaron la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), luego de detectar que no existen fundamentos claros que expliquen cómo se determinó el monto acordado entre ambas partes. La revisión del organismo fiscalizador se originó tras una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán, quien manifestó reparos respecto del convenio al considerar que podría generar un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Según el oficio emitido por la Contraloría Regional, el acuerdo fue firmado el 26 de diciembre de 2025 con el propósito de poner fin a las controversias derivadas del uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y de su infraestructura complementaria por parte del Club de Deportes Antofagasta. Como parte de la transacción, el CDA se comprometió a pagar $200 millones a la Municipalidad de Antofagasta, monto que sería cancelado en 24 cuotas iguales y sucesivas. A cambio, el municipio renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas relacionadas con hechos ocurridos antes de la firma del convenio. Sin embargo, durante la fiscalización, la Contraloría advirtió una importante diferencia entre el monto pactado y las estimaciones elaboradas previamente por la propia administración municipal. En efecto, un informe emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), con fecha 7 de mayo de 2025, calculó que la deuda mantenida por el club ascendía a $638.831.206, cifra que supera ampliamente los $200 millones finalmente convenidos. Pese a ello, el organismo fiscalizador indicó que no fue posible identificar los antecedentes que justificaron la rebaja del monto ni los criterios utilizados para fijar la suma acordada en la transacción extrajudicial. A ello se suma que, según la propia Municipalidad de Antofagasta, los informes internos disponibles no contaban con una metodología que permitiera establecer con precisión el valor de la deuda y, además, dicha obligación nunca fue reconocida formalmente por el Club de Deportes Antofagasta. Frente a este escenario, la Contraloría otorgó un plazo de diez días hábiles para que el municipio remita toda la documentación que sirvió de base para valorar económicamente el acuerdo, incluyendo informes técnicos, antecedentes financieros, análisis jurídicos u otros elementos que permitan respaldar la decisión adoptada. Una vez recibida la información, el organismo fiscalizador evaluará si la transacción extrajudicial cuenta con fundamentos suficientes y si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, determinando eventualmente la adopción de nuevas medidas en caso de detectarse irregularidades. El pronunciamiento de la Contraloría vuelve a poner bajo revisión uno de los acuerdos más relevantes alcanzados entre el municipio y el principal club deportivo de la región, debido al significativo monto involucrado y al eventual impacto que podría tener sobre los recursos públicos de la comuna.
