Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
