La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó a la Municipalidad de Antofagasta entregar todos los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que sustentaron la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), luego de detectar que no existen fundamentos claros que expliquen cómo se determinó el monto acordado entre ambas partes. La revisión del organismo fiscalizador se originó tras una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán, quien manifestó reparos respecto del convenio al considerar que podría generar un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Según el oficio emitido por la Contraloría Regional, el acuerdo fue firmado el 26 de diciembre de 2025 con el propósito de poner fin a las controversias derivadas del uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y de su infraestructura complementaria por parte del Club de Deportes Antofagasta. Como parte de la transacción, el CDA se comprometió a pagar $200 millones a la Municipalidad de Antofagasta, monto que sería cancelado en 24 cuotas iguales y sucesivas. A cambio, el municipio renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas relacionadas con hechos ocurridos antes de la firma del convenio. Sin embargo, durante la fiscalización, la Contraloría advirtió una importante diferencia entre el monto pactado y las estimaciones elaboradas previamente por la propia administración municipal. En efecto, un informe emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), con fecha 7 de mayo de 2025, calculó que la deuda mantenida por el club ascendía a $638.831.206, cifra que supera ampliamente los $200 millones finalmente convenidos. Pese a ello, el organismo fiscalizador indicó que no fue posible identificar los antecedentes que justificaron la rebaja del monto ni los criterios utilizados para fijar la suma acordada en la transacción extrajudicial. A ello se suma que, según la propia Municipalidad de Antofagasta, los informes internos disponibles no contaban con una metodología que permitiera establecer con precisión el valor de la deuda y, además, dicha obligación nunca fue reconocida formalmente por el Club de Deportes Antofagasta. Frente a este escenario, la Contraloría otorgó un plazo de diez días hábiles para que el municipio remita toda la documentación que sirvió de base para valorar económicamente el acuerdo, incluyendo informes técnicos, antecedentes financieros, análisis jurídicos u otros elementos que permitan respaldar la decisión adoptada. Una vez recibida la información, el organismo fiscalizador evaluará si la transacción extrajudicial cuenta con fundamentos suficientes y si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, determinando eventualmente la adopción de nuevas medidas en caso de detectarse irregularidades. El pronunciamiento de la Contraloría vuelve a poner bajo revisión uno de los acuerdos más relevantes alcanzados entre el municipio y el principal club deportivo de la región, debido al significativo monto involucrado y al eventual impacto que podría tener sobre los recursos públicos de la comuna.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó a la Municipalidad de Antofagasta entregar todos los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que sustentaron la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), luego de detectar que no existen fundamentos claros que expliquen cómo se determinó el monto acordado entre ambas partes. La revisión del organismo fiscalizador se originó tras una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán, quien manifestó reparos respecto del convenio al considerar que podría generar un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Según el oficio emitido por la Contraloría Regional, el acuerdo fue firmado el 26 de diciembre de 2025 con el propósito de poner fin a las controversias derivadas del uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y de su infraestructura complementaria por parte del Club de Deportes Antofagasta. Como parte de la transacción, el CDA se comprometió a pagar $200 millones a la Municipalidad de Antofagasta, monto que sería cancelado en 24 cuotas iguales y sucesivas. A cambio, el municipio renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas relacionadas con hechos ocurridos antes de la firma del convenio. Sin embargo, durante la fiscalización, la Contraloría advirtió una importante diferencia entre el monto pactado y las estimaciones elaboradas previamente por la propia administración municipal. En efecto, un informe emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), con fecha 7 de mayo de 2025, calculó que la deuda mantenida por el club ascendía a $638.831.206, cifra que supera ampliamente los $200 millones finalmente convenidos. Pese a ello, el organismo fiscalizador indicó que no fue posible identificar los antecedentes que justificaron la rebaja del monto ni los criterios utilizados para fijar la suma acordada en la transacción extrajudicial. A ello se suma que, según la propia Municipalidad de Antofagasta, los informes internos disponibles no contaban con una metodología que permitiera establecer con precisión el valor de la deuda y, además, dicha obligación nunca fue reconocida formalmente por el Club de Deportes Antofagasta. Frente a este escenario, la Contraloría otorgó un plazo de diez días hábiles para que el municipio remita toda la documentación que sirvió de base para valorar económicamente el acuerdo, incluyendo informes técnicos, antecedentes financieros, análisis jurídicos u otros elementos que permitan respaldar la decisión adoptada. Una vez recibida la información, el organismo fiscalizador evaluará si la transacción extrajudicial cuenta con fundamentos suficientes y si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, determinando eventualmente la adopción de nuevas medidas en caso de detectarse irregularidades. El pronunciamiento de la Contraloría vuelve a poner bajo revisión uno de los acuerdos más relevantes alcanzados entre el municipio y el principal club deportivo de la región, debido al significativo monto involucrado y al eventual impacto que podría tener sobre los recursos públicos de la comuna.
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
