La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
El viernes pasado la Fiscalía Regional de Antofagasta anunció el comienzo de una investigación para constatar el destino de más de $5.800 millones transferidos desde el Gobierno Regional al Serviu , como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios. En tanto, esta jornada se conoció que la PDI allanó las oficinas del servicio, diligencia durante la cual habrían retirado documentación y equipos. Según información difundida por LaTercera, tras el allanamiento el fiscal regional, Juan Castro Bekios, sostuvo que la diligencia de entrada e incautación fue llevada a cabo durante la mañana por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, tras obtener una orden por medio del Ministerio Público y el fiscal a cargo de las indagatorias, Cristian Aguilar. En este tipo de investigaciones, que requieren un gran trabajo de revisión documental, es habitual en este tipo de procedimientos, confirmó Bekios, sobre el retiro de documentación y equipos. Respecto a si esta acción responde que el Serviu no habría entregado información. El fiscal regional, señala son para parte de las diligencias que habitualmente y normalmente se hacen en este tipo de investigaciones. Y estas tienen un procedimiento estándar, es decir, hay todo un procedimiento que normalmente en primera instancia se trata de ejecutar de manera voluntaria. Pero para el Ministerio Público, evidentemente, es muy importante la actuación diligente y eficaz, y por lo tanto, es un proceso que se hace en el momento en que se hace la investigación, añade Bekios. Por su parte, desde el Serviu enviaron una breve declaración pública, en la que señalan el procedimiento se efectuó con total tranquilidad y los equipos estuvieron, y están a total disposición de entregar la información requerida por la entidad. Reiteramos nuestra voluntad de colaborar proactivamente con lo que requiera la investigación. LEE TAMBIÉN: Ministro Montes solicita renuncia de director de Serviu en Antofagasta
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
Continúa la polémica por la demora en la reintegración de recursos por parte del Serviu Antofagasta al Gobierno Regional, en el marco del Programa de Transferencia Más Vivienda, Mejor Región. Como se ha informado, la entidad aún no ha devuelto más de $5.800 millones de pesos, recursos que son esperados desde hace meses. Debido a esto, la diputada Yovana Ahumada exige la presencia urgente del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por lo que consider sería uncaso convenios 2.0.
El diputado Rubén Oyarzo, quien preside la Comisión Especial Investigadora (CEI) conocida como Caso Convenios 2.0, ha anunciado una serie de citaciones fundamentales en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en distintas instancias gubernamentales. En su declaración, Oyarzo hizo referencia a la comparecencia de la contralora (s) Dorothy Pérez, quien reveló muchas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas. En vista de estos hallazgos, confirmó la citación de las ministras de Desarrollo Social y de las Culturas, Javiera Toro y Carolina Arredondo, respectivamente, para que proporcionen las explicaciones correspondientes. Además, Oyarzo destacó la importancia de citar nuevamente al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, señalando que es necesario esclarecer la verdad ante las aparentes discrepancias en los testimonios recopilados. El parlamentario enfatizó la necesidad de transparencia en el proceso investigativo, declarando que Chile necesita que seamos transparentes y que el caiga quien caiga se descubra de una vez por todas. Asimismo, Oyarzo anunció la citación de la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, quien participó en Democracia Viva, para que brinde explicaciones sobre la interna de la fundación. Por último, ratificó la solicitud al Ministerio de Vivienda para obtener documentos relevantes relacionados con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, con el fin de esclarecer el momento en que se informó al Minvu y al Gobierno sobre ciertos aspectos del caso.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
El viernes pasado la Fiscalía Regional de Antofagasta anunció el comienzo de una investigación para constatar el destino de más de $5.800 millones transferidos desde el Gobierno Regional al Serviu , como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios. En tanto, esta jornada se conoció que la PDI allanó las oficinas del servicio, diligencia durante la cual habrían retirado documentación y equipos. Según información difundida por LaTercera, tras el allanamiento el fiscal regional, Juan Castro Bekios, sostuvo que la diligencia de entrada e incautación fue llevada a cabo durante la mañana por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, tras obtener una orden por medio del Ministerio Público y el fiscal a cargo de las indagatorias, Cristian Aguilar. En este tipo de investigaciones, que requieren un gran trabajo de revisión documental, es habitual en este tipo de procedimientos, confirmó Bekios, sobre el retiro de documentación y equipos. Respecto a si esta acción responde que el Serviu no habría entregado información. El fiscal regional, señala son para parte de las diligencias que habitualmente y normalmente se hacen en este tipo de investigaciones. Y estas tienen un procedimiento estándar, es decir, hay todo un procedimiento que normalmente en primera instancia se trata de ejecutar de manera voluntaria. Pero para el Ministerio Público, evidentemente, es muy importante la actuación diligente y eficaz, y por lo tanto, es un proceso que se hace en el momento en que se hace la investigación, añade Bekios. Por su parte, desde el Serviu enviaron una breve declaración pública, en la que señalan el procedimiento se efectuó con total tranquilidad y los equipos estuvieron, y están a total disposición de entregar la información requerida por la entidad. Reiteramos nuestra voluntad de colaborar proactivamente con lo que requiera la investigación. LEE TAMBIÉN: Ministro Montes solicita renuncia de director de Serviu en Antofagasta
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
Continúa la polémica por la demora en la reintegración de recursos por parte del Serviu Antofagasta al Gobierno Regional, en el marco del Programa de Transferencia Más Vivienda, Mejor Región. Como se ha informado, la entidad aún no ha devuelto más de $5.800 millones de pesos, recursos que son esperados desde hace meses. Debido a esto, la diputada Yovana Ahumada exige la presencia urgente del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por lo que consider sería uncaso convenios 2.0.
El diputado Rubén Oyarzo, quien preside la Comisión Especial Investigadora (CEI) conocida como Caso Convenios 2.0, ha anunciado una serie de citaciones fundamentales en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en distintas instancias gubernamentales. En su declaración, Oyarzo hizo referencia a la comparecencia de la contralora (s) Dorothy Pérez, quien reveló muchas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas. En vista de estos hallazgos, confirmó la citación de las ministras de Desarrollo Social y de las Culturas, Javiera Toro y Carolina Arredondo, respectivamente, para que proporcionen las explicaciones correspondientes. Además, Oyarzo destacó la importancia de citar nuevamente al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, señalando que es necesario esclarecer la verdad ante las aparentes discrepancias en los testimonios recopilados. El parlamentario enfatizó la necesidad de transparencia en el proceso investigativo, declarando que Chile necesita que seamos transparentes y que el caiga quien caiga se descubra de una vez por todas. Asimismo, Oyarzo anunció la citación de la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, quien participó en Democracia Viva, para que brinde explicaciones sobre la interna de la fundación. Por último, ratificó la solicitud al Ministerio de Vivienda para obtener documentos relevantes relacionados con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, con el fin de esclarecer el momento en que se informó al Minvu y al Gobierno sobre ciertos aspectos del caso.
