La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público busca llevar a juicio a la exautoridad por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por el delito de violación y otros cuatro años por abuso sexual. La acusación se presentó tras el cierre de la investigación el pasado 11 de diciembre, luego de un año y dos meses de diligencias. Según el relato del ente persecutor, los hechos se iniciaron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando Monsalve se reunió a almorzar con la denunciante en un restaurante del centro de Santiago. Horas más tarde, la víctima —según la acusación— se encontraba gravemente afectada por una alta ingesta de alcohol, circunstancia en la que habría sido trasladada por el imputado a una habitación del Hotel Panamericano. En ese lugar, la Fiscalía sostiene que se habría cometido el delito de violación, aprovechando que la mujer se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse. El segundo ilícito, de acuerdo con la acusación, ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la víctima despertó. En ese contexto, el Ministerio Público imputa a Monsalve el delito de abuso sexual, señalando que realizó actos de relevancia sexual sin consentimiento y aprovechando el estado de estupefacción de la afectada. Tras la apertura de la investigación el 14 de octubre de 2024, Monsalve fue formalizado un mes después, quedando en prisión preventiva por 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Posteriormente, la medida cautelar fue modificada a arresto domiciliario total, condición bajo la cual permanece actualmente. En la acusación, la Fiscalía ofrece un total de 89 testigos, entre ellos la propia víctima, familiares y diversas autoridades de gobierno. El listado incluye, además, a altos funcionarios y exautoridades, cuyas declaraciones apuntan a esclarecer los hechos y las circunstancias previas y posteriores a los delitos investigados. A esto se suman 105 pruebas documentales, 19 peritajes y más de un centenar de otros medios probatorios. Tras la presentación de la acusación, la defensa de Monsalve solicitó la reapertura de la investigación para realizar nuevas diligencias. El tribunal fijó para el 20 de enero de 2026 una audiencia destinada a discutir dicha solicitud, instancia que coincidirá con la revisión de la apertura del juicio oral en esta causa.
Una de las señales judiciales más contundentes contra el crimen organizado en el norte del país se conoció este domingo 7 de diciembre en Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) informó que el Tribunal Oral dictó una condena total de 184 años de cárcel contra una organización criminal de origen colombiano que operaba desde el campamento Génesis II, un sector identificado desde hace años como foco de violencia y control territorial ilícito. El cabecilla del grupo, Javier Valencia González, alias “Zeus”, recibió 77 años de presidio. El resto de los integrantes acumuló penas que suman 107 años, según detalló el tribunal en una sentencia que supera las 300 páginas. La resolución acreditó delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas y municiones, configurando un extenso catálogo que refleja la violencia con que la banda operaba. El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó la magnitud de las penas, señalando que la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja había solicitado sanciones cercanas a los 300 años por 46 delitos imputados a nueve miembros de la estructura, lo que evidencia la complejidad del caso y el estándar probatorio aplicado. La investigación fue desarrollada junto a unidades especializadas de la PDI, en un proceso que se extendió por más de un mes de juicio y que requirió medidas especiales de seguridad para jueces, fiscales y testigos. El caso de Génesis II había adquirido notoriedad por los diagnósticos del Ministerio Público y las policías sobre asentamientos donde bandas intentan imponer economías ilegales y sistemas de intimidación sobre sus habitantes. En ese contexto, la sentencia es interpretada como un paso decisivo para recuperar territorios que, durante años, estuvieron bajo la influencia de grupos violentos. Aunque la resolución fue catalogada como un golpe histórico al crimen organizado, el proceso judicial no está cerrado. Las defensas cuentan con plazo legal para presentar recursos, un trámite habitual en causas de alta complejidad y condenas extensas. Con esta resolución, el Sacfi de Antofagasta suma un hito relevante en la persecución penal del crimen organizado, estableciendo un precedente que busca frenar estructuras que operen con métodos de violencia y control territorial en la región.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público busca llevar a juicio a la exautoridad por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por el delito de violación y otros cuatro años por abuso sexual. La acusación se presentó tras el cierre de la investigación el pasado 11 de diciembre, luego de un año y dos meses de diligencias. Según el relato del ente persecutor, los hechos se iniciaron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando Monsalve se reunió a almorzar con la denunciante en un restaurante del centro de Santiago. Horas más tarde, la víctima —según la acusación— se encontraba gravemente afectada por una alta ingesta de alcohol, circunstancia en la que habría sido trasladada por el imputado a una habitación del Hotel Panamericano. En ese lugar, la Fiscalía sostiene que se habría cometido el delito de violación, aprovechando que la mujer se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse. El segundo ilícito, de acuerdo con la acusación, ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la víctima despertó. En ese contexto, el Ministerio Público imputa a Monsalve el delito de abuso sexual, señalando que realizó actos de relevancia sexual sin consentimiento y aprovechando el estado de estupefacción de la afectada. Tras la apertura de la investigación el 14 de octubre de 2024, Monsalve fue formalizado un mes después, quedando en prisión preventiva por 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Posteriormente, la medida cautelar fue modificada a arresto domiciliario total, condición bajo la cual permanece actualmente. En la acusación, la Fiscalía ofrece un total de 89 testigos, entre ellos la propia víctima, familiares y diversas autoridades de gobierno. El listado incluye, además, a altos funcionarios y exautoridades, cuyas declaraciones apuntan a esclarecer los hechos y las circunstancias previas y posteriores a los delitos investigados. A esto se suman 105 pruebas documentales, 19 peritajes y más de un centenar de otros medios probatorios. Tras la presentación de la acusación, la defensa de Monsalve solicitó la reapertura de la investigación para realizar nuevas diligencias. El tribunal fijó para el 20 de enero de 2026 una audiencia destinada a discutir dicha solicitud, instancia que coincidirá con la revisión de la apertura del juicio oral en esta causa.
Una de las señales judiciales más contundentes contra el crimen organizado en el norte del país se conoció este domingo 7 de diciembre en Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) informó que el Tribunal Oral dictó una condena total de 184 años de cárcel contra una organización criminal de origen colombiano que operaba desde el campamento Génesis II, un sector identificado desde hace años como foco de violencia y control territorial ilícito. El cabecilla del grupo, Javier Valencia González, alias “Zeus”, recibió 77 años de presidio. El resto de los integrantes acumuló penas que suman 107 años, según detalló el tribunal en una sentencia que supera las 300 páginas. La resolución acreditó delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas y municiones, configurando un extenso catálogo que refleja la violencia con que la banda operaba. El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó la magnitud de las penas, señalando que la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja había solicitado sanciones cercanas a los 300 años por 46 delitos imputados a nueve miembros de la estructura, lo que evidencia la complejidad del caso y el estándar probatorio aplicado. La investigación fue desarrollada junto a unidades especializadas de la PDI, en un proceso que se extendió por más de un mes de juicio y que requirió medidas especiales de seguridad para jueces, fiscales y testigos. El caso de Génesis II había adquirido notoriedad por los diagnósticos del Ministerio Público y las policías sobre asentamientos donde bandas intentan imponer economías ilegales y sistemas de intimidación sobre sus habitantes. En ese contexto, la sentencia es interpretada como un paso decisivo para recuperar territorios que, durante años, estuvieron bajo la influencia de grupos violentos. Aunque la resolución fue catalogada como un golpe histórico al crimen organizado, el proceso judicial no está cerrado. Las defensas cuentan con plazo legal para presentar recursos, un trámite habitual en causas de alta complejidad y condenas extensas. Con esta resolución, el Sacfi de Antofagasta suma un hito relevante en la persecución penal del crimen organizado, estableciendo un precedente que busca frenar estructuras que operen con métodos de violencia y control territorial en la región.
