En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
Con el inicio del segundo semestre del año escolar 2025, las autoridades de la región de Antofagasta dieron el puntapié inicial a la campaña “Volvamos a Clases: El aprendizaje lo construimos en comunidad”. El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela Ljubica Domic de Antofagasta y contó con la presencia del seremi de Educación, Alonso Fernández; la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo; y la Jefa Provincial de Educación, Paulina Veliz. La iniciativa, que busca generar conciencia sobre la importancia de la asistencia a clases para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes, se presenta en un contexto donde la región cuenta con más de 300 establecimientos educacionales y una matrícula cercana a los 130 mil estudiantes. Ante esto, el seremi de Educación, Alonso Fernández, enfatizó que la asistencia es crucial porque “en las escuelas y liceos no solo ocurre el aprendizaje formal, sino que también se aprende a convivir, a tratarnos bien, a compartir con estudiantes mayores o menores que uno, o con personas que vienen de otros países. En la sala de clases adquirimos valores y nos reconocemos en la diversidad”. Agregó que una asistencia ininterrumpida evita que los estudiantes “dejen de sumar y leer, y algo más complejo aún, que es que dejan de relacionarse, de aprender a resolver sus conflictos, y se pierden de todo aquello que ocurre en la educación pública”. Por su parte, la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, destacó la relevancia de la campaña y extendió un llamado a las familias para que apoyen la asistencia y revinculación de los estudiantes con las escuelas. “Nuestro objetivo es recuperar los índices de asistencia en todos los establecimientos educacionales de nuestra región”, afirmó Larrondo. Asimismo, esta campaña regional se alinea con los avances a nivel nacional en materia de reactivación educativa. Entre 2022 y 2024, la tasa de asistencia escolar promedio en Chile aumentó en tres puntos porcentuales, pasando del 83,5% al 86,5%. Finalmente, la inasistencia grave y crítica se redujo en 9,8 puntos porcentuales, del 37,5% al 27,7% de la matrícula. La tasa de desvinculación nacional también mostró una mejora, disminuyendo del 1,66% al 1,57% entre 2023 y 2024. Notablemente, la asistencia en educación parvularia experimentó un incremento significativo de 14 puntos porcentuales en el mismo período, alcanzando el 76,4%.
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
Con el inicio del segundo semestre del año escolar 2025, las autoridades de la región de Antofagasta dieron el puntapié inicial a la campaña “Volvamos a Clases: El aprendizaje lo construimos en comunidad”. El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela Ljubica Domic de Antofagasta y contó con la presencia del seremi de Educación, Alonso Fernández; la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo; y la Jefa Provincial de Educación, Paulina Veliz. La iniciativa, que busca generar conciencia sobre la importancia de la asistencia a clases para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes, se presenta en un contexto donde la región cuenta con más de 300 establecimientos educacionales y una matrícula cercana a los 130 mil estudiantes. Ante esto, el seremi de Educación, Alonso Fernández, enfatizó que la asistencia es crucial porque “en las escuelas y liceos no solo ocurre el aprendizaje formal, sino que también se aprende a convivir, a tratarnos bien, a compartir con estudiantes mayores o menores que uno, o con personas que vienen de otros países. En la sala de clases adquirimos valores y nos reconocemos en la diversidad”. Agregó que una asistencia ininterrumpida evita que los estudiantes “dejen de sumar y leer, y algo más complejo aún, que es que dejan de relacionarse, de aprender a resolver sus conflictos, y se pierden de todo aquello que ocurre en la educación pública”. Por su parte, la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, destacó la relevancia de la campaña y extendió un llamado a las familias para que apoyen la asistencia y revinculación de los estudiantes con las escuelas. “Nuestro objetivo es recuperar los índices de asistencia en todos los establecimientos educacionales de nuestra región”, afirmó Larrondo. Asimismo, esta campaña regional se alinea con los avances a nivel nacional en materia de reactivación educativa. Entre 2022 y 2024, la tasa de asistencia escolar promedio en Chile aumentó en tres puntos porcentuales, pasando del 83,5% al 86,5%. Finalmente, la inasistencia grave y crítica se redujo en 9,8 puntos porcentuales, del 37,5% al 27,7% de la matrícula. La tasa de desvinculación nacional también mostró una mejora, disminuyendo del 1,66% al 1,57% entre 2023 y 2024. Notablemente, la asistencia en educación parvularia experimentó un incremento significativo de 14 puntos porcentuales en el mismo período, alcanzando el 76,4%.
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
