Es importante re contextualizar la situación de la ex alcaldesa de Antofagasta, hoy en detención en el Centro de acogida de solicitantes de asilo del pueblo de Ter Apel en los Países Bajos para entender un poco más la influencia que puede tener lo últimamente sucedido. Recordemos que la Corte Suprema de Chile condenó, el 23 de marzo del 2022, a Karen Rojo a una pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito consumado de fraude al fisco, cometido durante su administración como alcaldesa, entre octubre de 2015 y agosto de 2016. Según acreditó Fiscalía, Rojo había usado recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales, de cara a su reelección. Se trata de la firma Main Comunicaciones perteneciente al cientista político José Miguel Izquierdo, cercano del ex presidente Sebastian Piñera. La ex alcaldesa se fugó del país el mismo día que fue pronunciada por parte del tribunal supremo la sanción en su su contra, ese mismo 23 de marzo 2022, embarcándose en un vuelo de la aerolínea KML que la llevó hasta Países Bajos. El día siguiente, el 24 de marzo, la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago emitió una alerta roja internacional para solicitar la detención de la exalcaldesa. Esa detención ocurrirá algunos meses después, en la ciudad de Ámsterdam; la Fiscalía de Antofagasta informando el 13 de julio del 2022 que Rojo fue detenida en Países Bajos. A partir de ese mismo momento, Karen Rojo inició los trámites para solicitar asilo político en el país europeo. Entre los principales argumentos que utiliza la defensa de la edil, se alude a la autopercepción de ser perseguida políticamente ”, ya que su pena de fraude al fisco fue exacerbada -en Países Bajos el mismo delito correspondería a una multa- además de sostener que las cárceles nacionales chilenas no contarían con las condiciones mínimas humanitarias para su reclusión. Como lo señalo el doctor francés en derecho público y juez en Francia en temas de asilo político, Pierre-François Laval; en una entrevista a Antofagasta TV, en julio 2022, cuando se le interrogó sobre la gestión administrativa que estaba realizando la ex alcaldesa; el asilo político se puede pedir cuando alguien es perseguido por motivos de pertenencia a una etnia, a una minoría, cuando una persona es perseguida por razones políticas, cuando se puede alegar una falta al debido proceso penal, cuando también se puede aludir a sospecha grave de que la persona concernida si vuelve al país va a ser víctima de violaciones a los derechos humanos; privada de vida -como la pena de muerte-; todos esos casos de figuras pueden ser requisitos para una demanda de asilo. El doctor, especialista en materia de asilo, en la misma entrevista, indica tajantemente queal final quien decide, quién tiene la última palabra, es el Estado, en este caso Países Bajos. Evidentemente ella tiene todo el derecho a pedir esto, pero quien define, quien decide al final, es el Estado”… y el profesor estimaba en ese entonces que objetivamente la ex edil no cumplía con los requisitos para otorgarle el asilo político. Por eso cabe señalar que en marzo 2023, conforme a lo indicado por el académico, que el Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de extradición (protagonizada por el Estado de Chile) en primera instancia, por lo que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo presentó inmediatamente un recurso contra esa resolución. Ahora, este último miércoles, 22 de noviembre, la extrema derecha ganó las elecciones legislativas en Holanda y el Partido de la Libertad (PVV), fundado y dirigido por Geert Wilders, nacionalista y anti musulman, se convirtió en la principal fuerza política del país, logrando la obtención de 35 escaños en el parlamento, ante los 26 de los sectores de izquierda y los 23 del centro derecha. Geert Wilders, 60 años, quiere luchar contra lo que él llama la invasión musulmana. Organizó concursos de caricaturas de Mahoma, lo que le llevó a vivir bajo protección policial. En relación con lo mencionado por nosotros anteriormente, se debe saber que Geert Wilders no promete inmigración cero, porque considera que cero ya es demasiado. Quiere obtener un saldo migratorio negativo. Para lograrlo, quiere restablecer estrictos controles en en todas las fronteras del país, y expulsar a los inmigrantes ilegales y a los solicitantes de asilo sirios y otros. Lo indica explícitamente en su programa electoral. Por ende, sin duda alguna, sabiendo que la justicia es independiente pero también considerando que en el otorgamiento (o no) de un asilo político hay un claro aspecto administrativo, se debe considerar que hoy en día, en el ambiente que conoce Países Bajos, revertir la decisión del Tribunal de Rotterdam, que dio visto bueno a la demanda de extradición por parte el Estado de Chile y que concierne Karen Rojo, se transforma en una tarea muy difícil y más bien podríamos ver un aceleración del procedimiento de un casi seguro regreso de la ex edil a nuestro país, o más precisamente a una cárcel chilena. La perspectiva de tener una decisión favorable para ella se ve totalmente disminuida después de lo sucedido electoralmente en Países Bajos este miércoles. Hoy, sus días en el centro de acogida de solicitantes de asilo del pueblo de Ter Apel se pusieron muchos más tenso. Pero no solo para ella, sino para todos los que están pidiendo asilo y que están en la espera de una respuesta. Salvo que la ex alcaldesa ya tiene en su contra una decisión por parte de un tribunal holandés. Desde julio 2022, el Poder Ejecutivo chileno, a través la voz de su Subsecretaria de Relaciones Exteriores de entonces, Ximena Fuentes, habían ya señalado que existe una permanente coordinación entre las instituciones chilenas y de Países bajos a propósito del caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Revisa la entrevista realizada por Antofagasta TV a Pierre-François Laval, juez en Francia de la Corte Nacional del Derecho al Asilo.
Tras conocerse que un miembro de la delegación cubana que participó en los Panamericanos Santiago 2023 solicitó asilo político en Chile, se ha revelado que desde 2010 el país ha recibido más de 30 mil peticiones similares. Sin embargo, el Estado solo ha aceptado 815 solicitudes desde entonces, según informó Emol. El año con mayor número de solicitudes fue 2018, cuando Migraciones atendió a 5725 personas que buscaban obtener refugio político en Chile. Durante ese mismo año, se aprobaron favorablemente 171 solicitudes de asilo. Es importante destacar que, para obtener asilo o refugio político según la Ley de Refugio 20.430 , los interesados deben cumplir con una serie de requisitos. Decir la verdad, informar y cooperar a fin de que puedan esclarecer los hechos y razones en que se basa la solicitud. Aportar pruebas y suministrar explicaciones incluso en el caso que se soliciten más de estas. Proporcionar información personal con los detalles necesarios para determinar los hechos pertinentes. Dar una explicación del motivo elegido para la solicitud. Contestar todas las preguntas que sean realizadas. Fijar domicilio e informar dentro de 30 días hábiles al Servicio de Migración cualquier cambio (de no informar el cambio, todas las notificaciones llegarán al domicilio antes señalado). El trámite de solicitud de asilo no tiene costo y, una vez otorgado, es indefinido. Aquellos que lo soliciten o lo hayan recibido tienen derecho al trabajo, la salud, la educación y otros derechos. Además, no pueden ser discriminados por ninguna razón, como el color de piel, la situación social, las creencias religiosas, el género u orientación sexual, la nacionalidad o las opiniones políticas. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, desde 2015 más de 11 mil venezolanos (38.5%) han solicitado refugio en Chile, seguidos por los colombianos con 7800 solicitudes (31.1%) y los cubanos con 6519 solicitudes (23.9%). Además, el Servicio Jesuita señaló que no solo personas de origen latinoamericano han solicitado asilo en Chile, sino también ciudadanos ucranianos, turcos, de la República del Congo, afganos y sirios. Desde 2015, se han registrado 116 solicitudes de refugio de ciudadanos ucranianos, 34 de turcos, 6 de la República del Congo, 239 de afganos y 148 de sirios.
Este martes la Cámara de Diputados aprobó un oficio en el que solicitan al mandatario Gabriel Boric, que pueda otorgar protección internacional y asilo político a los deportistas de nacionalidad cubana que abandonaron su delegación tras participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El proyecto fue presentado por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, y los diputados Juan Antonio Coloma y Flor Weisse, alcanzando 61 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones. A través de una declaración, los patrocinantes de la iniciativa manifestaron que la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, solicita al Presidente Boric que pueda otorgarle protección a los atletas cubanos que, de manera absolutamente legítima y valiente, decidieron abandonar la delegación y no regresar a su país, evidentemente por todas las consecuencias que conlleva vivir en un régimen dictatorial como el de Cuba, donde no se respetan los derechos humanos ni las libertades de sus habitantes. Cabe destacar que en total son ocho los deportistas cubanos que decidieron no retornar a su país, quienes ya cuentan con el apoyo de un estudio jurídico para evitar que sean deportados. Se trata de las seleccionadas de hockey Yunia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González, Helec Carta y Geidy Morales, además de Yoao Illas, quien obtuvo medalla de bronce en vallas, y un octavo, del cual no se conoce su identidad. En tanto, el ministro del Interior, Manuel Monsalve informó quede las siete integrantes que salieron y perdieron relación con la delegación, cinco de ellos su pasaporte oficial caduca el 12 de noviembre, dos de ellos el 11 de noviembre, pero podrían pedir la prorroga por visa de turismo.
Es importante re contextualizar la situación de la ex alcaldesa de Antofagasta, hoy en detención en el Centro de acogida de solicitantes de asilo del pueblo de Ter Apel en los Países Bajos para entender un poco más la influencia que puede tener lo últimamente sucedido. Recordemos que la Corte Suprema de Chile condenó, el 23 de marzo del 2022, a Karen Rojo a una pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito consumado de fraude al fisco, cometido durante su administración como alcaldesa, entre octubre de 2015 y agosto de 2016. Según acreditó Fiscalía, Rojo había usado recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales, de cara a su reelección. Se trata de la firma Main Comunicaciones perteneciente al cientista político José Miguel Izquierdo, cercano del ex presidente Sebastian Piñera. La ex alcaldesa se fugó del país el mismo día que fue pronunciada por parte del tribunal supremo la sanción en su su contra, ese mismo 23 de marzo 2022, embarcándose en un vuelo de la aerolínea KML que la llevó hasta Países Bajos. El día siguiente, el 24 de marzo, la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago emitió una alerta roja internacional para solicitar la detención de la exalcaldesa. Esa detención ocurrirá algunos meses después, en la ciudad de Ámsterdam; la Fiscalía de Antofagasta informando el 13 de julio del 2022 que Rojo fue detenida en Países Bajos. A partir de ese mismo momento, Karen Rojo inició los trámites para solicitar asilo político en el país europeo. Entre los principales argumentos que utiliza la defensa de la edil, se alude a la autopercepción de ser perseguida políticamente ”, ya que su pena de fraude al fisco fue exacerbada -en Países Bajos el mismo delito correspondería a una multa- además de sostener que las cárceles nacionales chilenas no contarían con las condiciones mínimas humanitarias para su reclusión. Como lo señalo el doctor francés en derecho público y juez en Francia en temas de asilo político, Pierre-François Laval; en una entrevista a Antofagasta TV, en julio 2022, cuando se le interrogó sobre la gestión administrativa que estaba realizando la ex alcaldesa; el asilo político se puede pedir cuando alguien es perseguido por motivos de pertenencia a una etnia, a una minoría, cuando una persona es perseguida por razones políticas, cuando se puede alegar una falta al debido proceso penal, cuando también se puede aludir a sospecha grave de que la persona concernida si vuelve al país va a ser víctima de violaciones a los derechos humanos; privada de vida -como la pena de muerte-; todos esos casos de figuras pueden ser requisitos para una demanda de asilo. El doctor, especialista en materia de asilo, en la misma entrevista, indica tajantemente queal final quien decide, quién tiene la última palabra, es el Estado, en este caso Países Bajos. Evidentemente ella tiene todo el derecho a pedir esto, pero quien define, quien decide al final, es el Estado”… y el profesor estimaba en ese entonces que objetivamente la ex edil no cumplía con los requisitos para otorgarle el asilo político. Por eso cabe señalar que en marzo 2023, conforme a lo indicado por el académico, que el Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de extradición (protagonizada por el Estado de Chile) en primera instancia, por lo que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo presentó inmediatamente un recurso contra esa resolución. Ahora, este último miércoles, 22 de noviembre, la extrema derecha ganó las elecciones legislativas en Holanda y el Partido de la Libertad (PVV), fundado y dirigido por Geert Wilders, nacionalista y anti musulman, se convirtió en la principal fuerza política del país, logrando la obtención de 35 escaños en el parlamento, ante los 26 de los sectores de izquierda y los 23 del centro derecha. Geert Wilders, 60 años, quiere luchar contra lo que él llama la invasión musulmana. Organizó concursos de caricaturas de Mahoma, lo que le llevó a vivir bajo protección policial. En relación con lo mencionado por nosotros anteriormente, se debe saber que Geert Wilders no promete inmigración cero, porque considera que cero ya es demasiado. Quiere obtener un saldo migratorio negativo. Para lograrlo, quiere restablecer estrictos controles en en todas las fronteras del país, y expulsar a los inmigrantes ilegales y a los solicitantes de asilo sirios y otros. Lo indica explícitamente en su programa electoral. Por ende, sin duda alguna, sabiendo que la justicia es independiente pero también considerando que en el otorgamiento (o no) de un asilo político hay un claro aspecto administrativo, se debe considerar que hoy en día, en el ambiente que conoce Países Bajos, revertir la decisión del Tribunal de Rotterdam, que dio visto bueno a la demanda de extradición por parte el Estado de Chile y que concierne Karen Rojo, se transforma en una tarea muy difícil y más bien podríamos ver un aceleración del procedimiento de un casi seguro regreso de la ex edil a nuestro país, o más precisamente a una cárcel chilena. La perspectiva de tener una decisión favorable para ella se ve totalmente disminuida después de lo sucedido electoralmente en Países Bajos este miércoles. Hoy, sus días en el centro de acogida de solicitantes de asilo del pueblo de Ter Apel se pusieron muchos más tenso. Pero no solo para ella, sino para todos los que están pidiendo asilo y que están en la espera de una respuesta. Salvo que la ex alcaldesa ya tiene en su contra una decisión por parte de un tribunal holandés. Desde julio 2022, el Poder Ejecutivo chileno, a través la voz de su Subsecretaria de Relaciones Exteriores de entonces, Ximena Fuentes, habían ya señalado que existe una permanente coordinación entre las instituciones chilenas y de Países bajos a propósito del caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Revisa la entrevista realizada por Antofagasta TV a Pierre-François Laval, juez en Francia de la Corte Nacional del Derecho al Asilo.
Tras conocerse que un miembro de la delegación cubana que participó en los Panamericanos Santiago 2023 solicitó asilo político en Chile, se ha revelado que desde 2010 el país ha recibido más de 30 mil peticiones similares. Sin embargo, el Estado solo ha aceptado 815 solicitudes desde entonces, según informó Emol. El año con mayor número de solicitudes fue 2018, cuando Migraciones atendió a 5725 personas que buscaban obtener refugio político en Chile. Durante ese mismo año, se aprobaron favorablemente 171 solicitudes de asilo. Es importante destacar que, para obtener asilo o refugio político según la Ley de Refugio 20.430 , los interesados deben cumplir con una serie de requisitos. Decir la verdad, informar y cooperar a fin de que puedan esclarecer los hechos y razones en que se basa la solicitud. Aportar pruebas y suministrar explicaciones incluso en el caso que se soliciten más de estas. Proporcionar información personal con los detalles necesarios para determinar los hechos pertinentes. Dar una explicación del motivo elegido para la solicitud. Contestar todas las preguntas que sean realizadas. Fijar domicilio e informar dentro de 30 días hábiles al Servicio de Migración cualquier cambio (de no informar el cambio, todas las notificaciones llegarán al domicilio antes señalado). El trámite de solicitud de asilo no tiene costo y, una vez otorgado, es indefinido. Aquellos que lo soliciten o lo hayan recibido tienen derecho al trabajo, la salud, la educación y otros derechos. Además, no pueden ser discriminados por ninguna razón, como el color de piel, la situación social, las creencias religiosas, el género u orientación sexual, la nacionalidad o las opiniones políticas. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, desde 2015 más de 11 mil venezolanos (38.5%) han solicitado refugio en Chile, seguidos por los colombianos con 7800 solicitudes (31.1%) y los cubanos con 6519 solicitudes (23.9%). Además, el Servicio Jesuita señaló que no solo personas de origen latinoamericano han solicitado asilo en Chile, sino también ciudadanos ucranianos, turcos, de la República del Congo, afganos y sirios. Desde 2015, se han registrado 116 solicitudes de refugio de ciudadanos ucranianos, 34 de turcos, 6 de la República del Congo, 239 de afganos y 148 de sirios.
Este martes la Cámara de Diputados aprobó un oficio en el que solicitan al mandatario Gabriel Boric, que pueda otorgar protección internacional y asilo político a los deportistas de nacionalidad cubana que abandonaron su delegación tras participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El proyecto fue presentado por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, y los diputados Juan Antonio Coloma y Flor Weisse, alcanzando 61 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones. A través de una declaración, los patrocinantes de la iniciativa manifestaron que la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, solicita al Presidente Boric que pueda otorgarle protección a los atletas cubanos que, de manera absolutamente legítima y valiente, decidieron abandonar la delegación y no regresar a su país, evidentemente por todas las consecuencias que conlleva vivir en un régimen dictatorial como el de Cuba, donde no se respetan los derechos humanos ni las libertades de sus habitantes. Cabe destacar que en total son ocho los deportistas cubanos que decidieron no retornar a su país, quienes ya cuentan con el apoyo de un estudio jurídico para evitar que sean deportados. Se trata de las seleccionadas de hockey Yunia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González, Helec Carta y Geidy Morales, además de Yoao Illas, quien obtuvo medalla de bronce en vallas, y un octavo, del cual no se conoce su identidad. En tanto, el ministro del Interior, Manuel Monsalve informó quede las siete integrantes que salieron y perdieron relación con la delegación, cinco de ellos su pasaporte oficial caduca el 12 de noviembre, dos de ellos el 11 de noviembre, pero podrían pedir la prorroga por visa de turismo.
