El norte comienza a transitar desde la emergencia hacia una compleja etapa de recuperación. El Gobierno declaró como zonas afectadas por catástrofe a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, luego de las intensas precipitaciones y aluviones registrados durante los últimos días. La medida quedó establecida mediante el decreto supremo N°134, firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y publicado en el Diario Oficial. La declaración permitirá agilizar la utilización de recursos públicos, simplificar procedimientos administrativos y acelerar la entrega de ayuda a los municipios y familias damnificadas. Los delegados presidenciales regionales serán responsables de coordinar los programas de recuperación y podrán adoptar medidas para responder con mayor rapidez a las necesidades de cada territorio. El decreto fundamenta la decisión en el sistema frontal que desde el 17 de agosto afectó al norte con lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y nevadas, provocando activación de quebradas, cortes de rutas, daños en viviendas e infraestructura y problemas en servicios básicos. Antofagasta entre las regiones más afectadas En la Región de Antofagasta se reportaron 1.024 personas albergadas, lesionados y una persona fallecida en un accidente terrestre ocurrido bajo condiciones meteorológicas adversas. Los daños en viviendas se concentran principalmente en Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Ollagüe. También se registraron activaciones de quebradas en Tocopilla, Antofagasta y Taltal, además de cierres y restricciones en numerosas rutas. Uno de los puntos críticos continúa siendo Tocopilla. Su hospital permanece operativo, pero con capacidad reducida debido a la inundación del primer nivel, que afectó especialmente a la Unidad de Diálisis. La provincia, además, se mantiene bajo estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública durante 30 días, medida que coexistirá con los programas de rehabilitación y reconstrucción. En Tarapacá, el balance contempla 660 damnificados y 71 albergados, junto con daños en carreteras, establecimientos educacionales, centros de salud y otras obras públicas. Arica y Parinacota, en tanto, registra 150 damnificados y 37 albergados. Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado, el decreto advierte que la emergencia no puede considerarse superada. Persisten daños, problemas de conectividad y necesidades de las familias afectadas. El desafío ahora será recuperar servicios básicos, reparar viviendas e infraestructura y enfrentar las consecuencias sociales y económicas que dejaron las lluvias, manteniendo desplegados los recursos del Estado mientras existan riesgos para la población.
En el primer lunes de su administración, el Presidente de la República, José Antonio Kast, inicia una intensa agenda en la macrozona norte del país, enfocada principalmente en reforzar el control fronterizo y enfrentar la inmigración irregular. El Mandatario viaja hasta la región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno las primeras acciones del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que también contempla medidas que impactarán a la región de Antofagasta. El jefe de Estado despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Arica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas). La jornada comenzará a las 11:30 horas con la realización del Comité de Ministros de Seguridad, encabezado por el Presidente junto a la ministra Steinert. En la instancia participarán también los ministros del Interior, Defensa y Justicia —este último de manera telemática— además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones, Marcelo Cerna. La reunión tendrá como objetivo coordinar las primeras acciones del Gobierno en materia de seguridad y control migratorio en la zona norte del país. Durante la tarde, el Mandatario visitará la base militar “Solo de Zaldívar”, ubicada en playa Las Machas en Arica, para posteriormente trasladarse hasta el complejo fronterizo Chacalluta. En ese lugar inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra que desarrolla el Ejército, parte de las obras iniciales para la construcción de barreras físicas en la frontera. La iniciativa considera zanjas y otras estructuras destinadas a dificultar el ingreso irregular al país, además de un aumento de la presencia militar en la zona. Según adelantó el Gobierno, estas obras podrían extenderse por cerca de 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El plan contempla además la incorporación de tecnología para el monitoreo fronterizo, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos, complementando el Sistema Integrado de Frontera impulsado en la administración anterior. Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer la reconducción de inmigrantes que ingresen de manera irregular hacia Bolivia, mecanismo que ya comenzó a aplicarse durante el año pasado. La agenda del Ejecutivo en la macrozona norte marca así el inicio de una estrategia que busca reforzar la seguridad fronteriza y que tendrá repercusiones directas en regiones clave como Antofagasta, la cual visitará el lunes a última hora y en donde se prevé la implementación de parte importante de estas medidas en los próximos meses.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
El norte comienza a transitar desde la emergencia hacia una compleja etapa de recuperación. El Gobierno declaró como zonas afectadas por catástrofe a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, luego de las intensas precipitaciones y aluviones registrados durante los últimos días. La medida quedó establecida mediante el decreto supremo N°134, firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y publicado en el Diario Oficial. La declaración permitirá agilizar la utilización de recursos públicos, simplificar procedimientos administrativos y acelerar la entrega de ayuda a los municipios y familias damnificadas. Los delegados presidenciales regionales serán responsables de coordinar los programas de recuperación y podrán adoptar medidas para responder con mayor rapidez a las necesidades de cada territorio. El decreto fundamenta la decisión en el sistema frontal que desde el 17 de agosto afectó al norte con lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y nevadas, provocando activación de quebradas, cortes de rutas, daños en viviendas e infraestructura y problemas en servicios básicos. Antofagasta entre las regiones más afectadas En la Región de Antofagasta se reportaron 1.024 personas albergadas, lesionados y una persona fallecida en un accidente terrestre ocurrido bajo condiciones meteorológicas adversas. Los daños en viviendas se concentran principalmente en Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Ollagüe. También se registraron activaciones de quebradas en Tocopilla, Antofagasta y Taltal, además de cierres y restricciones en numerosas rutas. Uno de los puntos críticos continúa siendo Tocopilla. Su hospital permanece operativo, pero con capacidad reducida debido a la inundación del primer nivel, que afectó especialmente a la Unidad de Diálisis. La provincia, además, se mantiene bajo estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública durante 30 días, medida que coexistirá con los programas de rehabilitación y reconstrucción. En Tarapacá, el balance contempla 660 damnificados y 71 albergados, junto con daños en carreteras, establecimientos educacionales, centros de salud y otras obras públicas. Arica y Parinacota, en tanto, registra 150 damnificados y 37 albergados. Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado, el decreto advierte que la emergencia no puede considerarse superada. Persisten daños, problemas de conectividad y necesidades de las familias afectadas. El desafío ahora será recuperar servicios básicos, reparar viviendas e infraestructura y enfrentar las consecuencias sociales y económicas que dejaron las lluvias, manteniendo desplegados los recursos del Estado mientras existan riesgos para la población.
En el primer lunes de su administración, el Presidente de la República, José Antonio Kast, inicia una intensa agenda en la macrozona norte del país, enfocada principalmente en reforzar el control fronterizo y enfrentar la inmigración irregular. El Mandatario viaja hasta la región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno las primeras acciones del denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa que también contempla medidas que impactarán a la región de Antofagasta. El jefe de Estado despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Arica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas). La jornada comenzará a las 11:30 horas con la realización del Comité de Ministros de Seguridad, encabezado por el Presidente junto a la ministra Steinert. En la instancia participarán también los ministros del Interior, Defensa y Justicia —este último de manera telemática— además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones, Marcelo Cerna. La reunión tendrá como objetivo coordinar las primeras acciones del Gobierno en materia de seguridad y control migratorio en la zona norte del país. Durante la tarde, el Mandatario visitará la base militar “Solo de Zaldívar”, ubicada en playa Las Machas en Arica, para posteriormente trasladarse hasta el complejo fronterizo Chacalluta. En ese lugar inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra que desarrolla el Ejército, parte de las obras iniciales para la construcción de barreras físicas en la frontera. La iniciativa considera zanjas y otras estructuras destinadas a dificultar el ingreso irregular al país, además de un aumento de la presencia militar en la zona. Según adelantó el Gobierno, estas obras podrían extenderse por cerca de 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El plan contempla además la incorporación de tecnología para el monitoreo fronterizo, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos, complementando el Sistema Integrado de Frontera impulsado en la administración anterior. Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer la reconducción de inmigrantes que ingresen de manera irregular hacia Bolivia, mecanismo que ya comenzó a aplicarse durante el año pasado. La agenda del Ejecutivo en la macrozona norte marca así el inicio de una estrategia que busca reforzar la seguridad fronteriza y que tendrá repercusiones directas en regiones clave como Antofagasta, la cual visitará el lunes a última hora y en donde se prevé la implementación de parte importante de estas medidas en los próximos meses.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
