En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Corte Suprema, la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizada por delitos reiterados de cohecho y lavado de activos. La decisión se suma a la situación judicial de su pareja, Gonzalo Migueles, quien ya había sido formalizado en noviembre del año pasado por la misma causa. Vivanco fue detenida la noche del domingo por Carabineros, en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía de Los Lagos, vinculada a la denominada “trama bielorrusa”. Tras cuatro jornadas de audiencia de formalización, el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de la imputada. En su resolución, el magistrado sostuvo que los antecedentes presentados permiten establecer que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”, atribuyéndole autoría en los delitos de cohecho y lavado de activos. La decisión se fundamentó en las pruebas aportadas por el Consejo de Defensa del Estado, Codelco, la Organización de Trabajadores Judiciales y el Ministerio Público, que apuntan a presuntas maniobras para favorecer al consorcio CBM mientras la imputada presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema. El juez también advirtió que estos hechos “afectaron gravemente la integridad del sistema de justicia”, dañando la percepción ciudadana sobre la independencia del Poder Judicial. Según la Fiscalía, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían pagado al menos $90 millones a Vivanco y Migueles para influir en fallos favorables al consorcio Belaz-Movitec, disputa que derivó en que Codelco desembolsara cerca de $17 mil millones tras resoluciones del máximo tribunal.
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Corte Suprema, la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizada por delitos reiterados de cohecho y lavado de activos. La decisión se suma a la situación judicial de su pareja, Gonzalo Migueles, quien ya había sido formalizado en noviembre del año pasado por la misma causa. Vivanco fue detenida la noche del domingo por Carabineros, en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía de Los Lagos, vinculada a la denominada “trama bielorrusa”. Tras cuatro jornadas de audiencia de formalización, el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de la imputada. En su resolución, el magistrado sostuvo que los antecedentes presentados permiten establecer que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”, atribuyéndole autoría en los delitos de cohecho y lavado de activos. La decisión se fundamentó en las pruebas aportadas por el Consejo de Defensa del Estado, Codelco, la Organización de Trabajadores Judiciales y el Ministerio Público, que apuntan a presuntas maniobras para favorecer al consorcio CBM mientras la imputada presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema. El juez también advirtió que estos hechos “afectaron gravemente la integridad del sistema de justicia”, dañando la percepción ciudadana sobre la independencia del Poder Judicial. Según la Fiscalía, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían pagado al menos $90 millones a Vivanco y Migueles para influir en fallos favorables al consorcio Belaz-Movitec, disputa que derivó en que Codelco desembolsara cerca de $17 mil millones tras resoluciones del máximo tribunal.
