A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta convocó a una nueva audiencia en el marco del denominado caso ProCultura, con el objetivo de formalizar a Alberto Larraín y María Constanza Gómez por nuevos cargos. Esto, luego de que en febrero los imputados ya habían enfrentado una formalización por esta investigación, donde los tribunales de primera y segunda instancia de Santiago cuestionaron la prueba para acreditar ilícitos de fraude al fisco; rechazando la medida cautelar de prisión preventiva . Por ello, la Fiscalía de Antofagasta continuará con la indagatoria y en esta nueva instancia, imputará los delitos de presunta apropiación indebida. En este escenario, el tribunal de Antofagasta ordenó al 2° Juzgado de Garantía de Santiago: Que notifique personalmente o previa certificación por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a los imputados Alberto Larraín y María Constanza Gómez, de la presente resolución. Póngase en conocimiento de los intervinientes. La investigación insiste en la responsabilidad de la fundación en el supuesto mal uso o gasto de más de $1.600 millones destinados a diversos programas, entre ellos Quédate, enfocado en la prevención del suicidio. Así, el Ministerio Público solicitó la audiencia de formalización: Por su participación como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida, previstos y sancionados en el artículo 470 N° 1 y 467 del Código Penal, cometidos entre los años 2022 y 2024 en esta ciudad (Arista GORE Antofagasta con Procultura y Minvu Antofagasta con Procultura). La instancia quedó programada para el próximo 25 de mayo, a partir de las 08:30 horas.
A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta convocó a una nueva audiencia en el marco del denominado caso ProCultura, con el objetivo de formalizar a Alberto Larraín y María Constanza Gómez por nuevos cargos. Esto, luego de que en febrero los imputados ya habían enfrentado una formalización por esta investigación, donde los tribunales de primera y segunda instancia de Santiago cuestionaron la prueba para acreditar ilícitos de fraude al fisco; rechazando la medida cautelar de prisión preventiva . Por ello, la Fiscalía de Antofagasta continuará con la indagatoria y en esta nueva instancia, imputará los delitos de presunta apropiación indebida. En este escenario, el tribunal de Antofagasta ordenó al 2° Juzgado de Garantía de Santiago: Que notifique personalmente o previa certificación por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a los imputados Alberto Larraín y María Constanza Gómez, de la presente resolución. Póngase en conocimiento de los intervinientes. La investigación insiste en la responsabilidad de la fundación en el supuesto mal uso o gasto de más de $1.600 millones destinados a diversos programas, entre ellos Quédate, enfocado en la prevención del suicidio. Así, el Ministerio Público solicitó la audiencia de formalización: Por su participación como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida, previstos y sancionados en el artículo 470 N° 1 y 467 del Código Penal, cometidos entre los años 2022 y 2024 en esta ciudad (Arista GORE Antofagasta con Procultura y Minvu Antofagasta con Procultura). La instancia quedó programada para el próximo 25 de mayo, a partir de las 08:30 horas.