La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la detención de los principales involucrados en la investigación ligada a la Fundación ProCultura, una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios o “Líos de Platas”. La solicitud fue presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la causa junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), enfocada en eventuales irregularidades en el traspaso y uso de recursos públicos. Entre los detenidos se encuentran Alberto Larraín, cofundador de la organización; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y exfuncionario contratado por el GORE para relacionarse con la ONG. Todos ellos fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición del tribunal para el respectivo control de detención. Desde su domicilio, Larraín aseguró que la diligencia forma parte del proceso investigativo y manifestó su disposición a colaborar. “Todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer”, afirmó, agregando que confía en que las indagatorias permitirán despejar las dudas en torno a la gestión de la fundación. Según el Ministerio Público, las detenciones se enmarcan en la investigación del convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. En ese contrato, el GORE RM transfirió más de $1.600 millones a la fundación, lo que activó alertas por posibles irregularidades en los procesos de asignación, evaluación técnica y rendición de los fondos. En paralelo, la Fiscalía mantiene vigente la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en septiembre del año pasado. El Ministerio Público sostiene que el convenio habría sido acelerado sin una justificación técnica suficiente y que existieron vínculos previos entre autoridades regionales y directivos de ProCultura, lo que podría configurar infracciones a los principios de probidad, transparencia e imparcialidad administrativa. La investigación también ha considerado conversaciones internas entre imputados, las que darían cuenta de presiones para apurar la aprobación del convenio. Para la Fiscalía, los recursos públicos habrían sido asignados de manera discrecional, sin parámetros objetivos de evaluación y sin resguardar adecuadamente el interés fiscal. Antofagasta En el norte del país, la fundación también quedó bajo escrutinio por convenios firmados con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz. En 2023 se cuestionó un acuerdo por más de $629 millones destinado a la restauración de fachadas del casco histórico de la ciudad, que incluía inmuebles emblemáticos como la casa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Consulado de Bélgica y el Edificio Colón. Además, ProCultura ejecutó programas como “Quiero Mi Barrio”, iniciativas de habitabilidad primaria y proyectos de recuperación patrimonial a través de su Escuela Taller. El caso, que inicialmente se investigaba en Antofagasta, fue posteriormente trasladado a Santiago y ha estado marcado por controversias adicionales, como escuchas telefónicas declaradas ilegales y diligencias judiciales en curso. Con la orden de detención de la plana mayor de la fundación, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades penales y administrativas. Durante este fin de semana, los imputados enfrentarán el control de detención, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos. En tanto, el gobernador Orrego no comparecerá ante el tribunal mientras se resuelve su situación de fuero. El desenlace de estas audiencias será clave para definir el curso de una de las investigaciones más complejas y sensibles sobre el uso de fondos públicos en los últimos años.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la detención de los principales involucrados en la investigación ligada a la Fundación ProCultura, una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios o “Líos de Platas”. La solicitud fue presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la causa junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), enfocada en eventuales irregularidades en el traspaso y uso de recursos públicos. Entre los detenidos se encuentran Alberto Larraín, cofundador de la organización; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y exfuncionario contratado por el GORE para relacionarse con la ONG. Todos ellos fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición del tribunal para el respectivo control de detención. Desde su domicilio, Larraín aseguró que la diligencia forma parte del proceso investigativo y manifestó su disposición a colaborar. “Todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer”, afirmó, agregando que confía en que las indagatorias permitirán despejar las dudas en torno a la gestión de la fundación. Según el Ministerio Público, las detenciones se enmarcan en la investigación del convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. En ese contrato, el GORE RM transfirió más de $1.600 millones a la fundación, lo que activó alertas por posibles irregularidades en los procesos de asignación, evaluación técnica y rendición de los fondos. En paralelo, la Fiscalía mantiene vigente la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en septiembre del año pasado. El Ministerio Público sostiene que el convenio habría sido acelerado sin una justificación técnica suficiente y que existieron vínculos previos entre autoridades regionales y directivos de ProCultura, lo que podría configurar infracciones a los principios de probidad, transparencia e imparcialidad administrativa. La investigación también ha considerado conversaciones internas entre imputados, las que darían cuenta de presiones para apurar la aprobación del convenio. Para la Fiscalía, los recursos públicos habrían sido asignados de manera discrecional, sin parámetros objetivos de evaluación y sin resguardar adecuadamente el interés fiscal. Antofagasta En el norte del país, la fundación también quedó bajo escrutinio por convenios firmados con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz. En 2023 se cuestionó un acuerdo por más de $629 millones destinado a la restauración de fachadas del casco histórico de la ciudad, que incluía inmuebles emblemáticos como la casa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Consulado de Bélgica y el Edificio Colón. Además, ProCultura ejecutó programas como “Quiero Mi Barrio”, iniciativas de habitabilidad primaria y proyectos de recuperación patrimonial a través de su Escuela Taller. El caso, que inicialmente se investigaba en Antofagasta, fue posteriormente trasladado a Santiago y ha estado marcado por controversias adicionales, como escuchas telefónicas declaradas ilegales y diligencias judiciales en curso. Con la orden de detención de la plana mayor de la fundación, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades penales y administrativas. Durante este fin de semana, los imputados enfrentarán el control de detención, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos. En tanto, el gobernador Orrego no comparecerá ante el tribunal mientras se resuelve su situación de fuero. El desenlace de estas audiencias será clave para definir el curso de una de las investigaciones más complejas y sensibles sobre el uso de fondos públicos en los últimos años.
