La diputada electa por el Distrito 3, Marcela Hernando, criticó duramente las reiteradas postergaciones en el proyecto de doble calzada de la Ruta 5 Norte, en el tramo Caldera–Antofagasta, señalando que se trata de una muestra más de cómo el Estado ha normalizado la precariedad vial en el norte del país. La parlamentaria sostuvo que basta recorrer el tramo para evidenciar una infraestructura deficiente, con alto flujo vehicular, tránsito de camiones de gran tonelaje y escasas medidas de seguridad, condiciones que —según afirmó— han derivado en un número inaceptable de accidentes graves y fatales. “No son hechos aislados ni mala suerte, sino decisiones públicas que mantienen una vía sin los estándares mínimos de seguridad”, señaló. Hernando recordó que en octubre de 2024 el Ministerio de Obras Públicas anunció la licitación del proyecto, con una inversión cercana a los 800 millones de dólares, comprometiendo hitos que no se cumplieron. Posteriormente, el calendario fue modificado en más de una ocasión, trasladando la apertura de ofertas técnicas a enero de 2026 y las económicas a marzo del mismo año. A juicio de la diputada electa, esta forma de gestionar proyectos estratégicos refleja una desigualdad estructural, donde las regiones que sostienen gran parte de la economía del país reciben infraestructura tardía y fragmentada. “La seguridad vial no puede seguir tratándose como un trámite administrativo ni como un problema secundario”, afirmó. Finalmente, Marcela Hernando emplazó al Estado a entregar certezas y plazos concretos, subrayando que las demoras tienen consecuencias reales para quienes viven y trabajan en la región. “Nos cansamos de seguir esperando”, concluyó.
La diputada electa por el Distrito 3, Marcela Hernando, criticó duramente las reiteradas postergaciones en el proyecto de doble calzada de la Ruta 5 Norte, en el tramo Caldera–Antofagasta, señalando que se trata de una muestra más de cómo el Estado ha normalizado la precariedad vial en el norte del país. La parlamentaria sostuvo que basta recorrer el tramo para evidenciar una infraestructura deficiente, con alto flujo vehicular, tránsito de camiones de gran tonelaje y escasas medidas de seguridad, condiciones que —según afirmó— han derivado en un número inaceptable de accidentes graves y fatales. “No son hechos aislados ni mala suerte, sino decisiones públicas que mantienen una vía sin los estándares mínimos de seguridad”, señaló. Hernando recordó que en octubre de 2024 el Ministerio de Obras Públicas anunció la licitación del proyecto, con una inversión cercana a los 800 millones de dólares, comprometiendo hitos que no se cumplieron. Posteriormente, el calendario fue modificado en más de una ocasión, trasladando la apertura de ofertas técnicas a enero de 2026 y las económicas a marzo del mismo año. A juicio de la diputada electa, esta forma de gestionar proyectos estratégicos refleja una desigualdad estructural, donde las regiones que sostienen gran parte de la economía del país reciben infraestructura tardía y fragmentada. “La seguridad vial no puede seguir tratándose como un trámite administrativo ni como un problema secundario”, afirmó. Finalmente, Marcela Hernando emplazó al Estado a entregar certezas y plazos concretos, subrayando que las demoras tienen consecuencias reales para quienes viven y trabajan en la región. “Nos cansamos de seguir esperando”, concluyó.
