Este martes 9 de abril, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, fue notificado sobre el requerimiento de remoción presentado ante el Tribunal Electoral Regional por seis concejales , en el cual se acusa a la autoridad comunal de eventual abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa. Cabe recordar, que el pasado 1 de abril se conoció que el Tribunal mencionado acogió a trámite la acción realizada la última semana de marzo por los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama, declarándolo admisible. De acuerdo al comunicado enviado por los ediles en conjunto con el abogado Rolando Lorca, desde que fue notificado este martes 9 de abril, el alcalde cuenta con 10 días hábiles para contestar al requerimiento. Además, el miércoles 10 de abril fue publicado un inserto en un diario de circulación regional que da cuenta de la interposición de la medida ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta.
Este martes 26 de marzo, los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama, interpusieron una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta, para que mediante una sentencia judicial se declare el cese de las funciones del alcalde Jonathan Velásquez. Esto debido al presunto abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa, que habría cometido la autoridad comunal en el desempeño de sus funciones. Al presentarse a este Tribunal, los concejales firmantes denuncian 15 hechos en los cuales a su juicio se transgrede el principio de probidad y existiría un notable abandono de deberes, teniendo en cuenta acciones u omisiones por parte de Velásquez. Según la versión de los ediles, si el TER en su fallo acredita solo una de las situaciones expuestas, el alcalde debería cesar en sus funciones. A continuación te presentamos un resumen de los 15 hechos expuestos en el documento presentado por los concejales ante el TER, el cual consta de más de 100 páginas: 1. Ilegalidades en la gestión relacionada al exvertedero La Chimba: Aquí se expone una cronología de los hechos desde el 2019 cuando comenzó a operar el nuevo relleno sanitario Chaqueta Blanca, junto a las pronunciaciones de Contraloría sobre la no presentación de un plan de cierre y remediación hasta junio del 2022. Luego la acción judicial presentada por los vecinos del exvertedero que derivó en un fallo de la Corte Suprema, con el cual finalmente la Municipalidad dispuso el cierre y la seguridad. No obstante, aparecen otros aspectos como el requerimiento de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo un plan de remediación, cronograma que el municipio presentó pero fue rechazado al considerarse excesivo. En definitiva, hasta ahora no se cuenta con tal resolución, tampoco con la autorización de la Seremi de Salud para el plan de cierre. Desde el momento de asumir el cargo, laautoridad estaba en conocimiento del incumplimiento de este paso debido a la iniciativa comunal deadministraciones anteriores, situación que debía conocer toda vez que desempeñó anteriormente elcargo de concejal de la comuna. Sin embargo, no se hicieron esfuerzos por la preparación del plan deremediación sino hasta que las autoridades pertinentes -que hemos citado en los hechos- instruyeron u ordenaron al Municipio realizar esa gestión. De no ser por estos organismos, nada sehubiese realizado, expone el documento. 2. Ilegalidades en contratos vía trato directo para la recolección de basura domiciliaria y barrido de calles: Para este hecho exponen los resultados de los informes de Contraloría y la investigación especial de la Dirección de Control del propio municipio. Frente a los cuales despejan las infracciones detectadas, como la falta de debida fundamentación o motivación en los sucesivos tratos directos. No existió una urgencia sino que una negligencia de las unidadesencargadas, cita el documento. A esto añaden, faltas en la debida fiscalización y no cobro de multas millonarias, el municipio en el contrato de recolección y transporte de residuos dejó de cobrar multas porinfracciones debidamente detectadas, indican. 3. Ilegalidades en las contrataciones vía trato directo representadas por la Dirección de Control de la Municipalidad: Teniendo en cuenta el informe de esta dirección, sostienen que durante el periodo auditado detectaron 34 contrataciones vía trato directo por un monto superior a los $28 mil millones de pesos, entre las cuales 24 tuvieron como justificación la urgencia, sin que esto se demostrara efectivamente.Transformándose en una práctica reiterada, advierten. 4. Usar abogados de la Municipalidad para litigios personales: Esta situación se remonta a noviembre del 2022, cuando el concejal Luis Aguilera denunció el eventual empleo de abogados de la Dirección Jurídica de la Municipalidad en la causa que finalizó hace pocos meses, en la cual Velásquez fue acusado de funar a una profesora y su pareja mediante redes sociales. Sobre la denuncia impuesta por el concejal que dio lugar a una querella criminal, aún se encuentra vigente una causa por el delito de fraude al fisco, actualmente en etapa de investigación, de acuerdo al documento. 5 y 6. Delitos cometidos eventualmente durante la aprobación de un contrato: Esto tiene relación con la modificación unilateral de un contrato aprobado anteriormente por el Concejo Municipal, para el servicio de recolección de basura. El cual en definitiva habría sido modificado para aprobarse bajo la voluntad de la empresa y no con lo previamente acordado con el Concejo. 7. Presunta negligencia en manejo de inmuebles ubicados en Balneario Municipal y Playa Trocadero: Respecto al edificio Casino o Arrecife ubicado en el Balneario Municipal, además de los problemas de infraestructura y sanitarios acarreados debido al problema de alcantarillado que presenta, el lugar era ocupado por locatarios sin contrato de arrendamiento o patente comercial, en los cuales no fue decretada la debida clausura, a juicio del documento. En Playa Trocadero en tanto, existirían cuatro locales pertenecientes a la concesión que estarían funcionando sin contrato vigente con la Municipalidad desde 2022 a octubre de 2023. Tampoco había sido regularizado el sistema eléctrico y otro inmueble de Avenida Pérez Zujovic, no contaba con recepción municipal. 8. Omisiones legales en administración de local ocupado por McDonald's emplazado en concesión municipal: No existió un contrato formalizado desde enero de 2021 hasta a lo menos julio de 2023, en circunstanciasque es de público conocimiento que el restaurante McDonald's funciona actualmente y nunca hadejado de hacerlo, sostiene el documento. Del cual se deduce que no fue cobrado el arriendo durante ese periodo, aunque existen dos recientes regularizaciones realizadas por trato directo. A la fecha no hay constancia de que las rentas de arrendamiento delos períodos sin contrato formal, hayan sido efectivamente percibidas por el municipio, recalca el documento. 9. Delegar funciones directivas en funcionarios: En este punto se describen hechos ya conocidos en los denominados Plan 9 Papers donde el entonces Director deOperaciones de la Municipalidad, Rodrigo Silva, daba instrucciones a la administradora municipal e incluso al propio alcalde Jonathan Velásquez. Detallan que Silva habría intervenido en modificar los puntos de tabla del Concejo Municipal por motivos políticos, entregar instrucciones sobre temas contingentes, determinar precios en materias contractuales, nombramientos, desvinculaciones y procesos disciplinarios, dirigir las sesiones del Concejo. A lo cual añaden las oportunidades en que el alcalde ha abandonado las sesiones de Concejo, sin una aparente justificación. 10. Vulnerar la probidad por interceder a favor de terceros: Esta situación también fue conocida a través de los Plan 9 Papers, donde Velásquez pide hacer las cosas bien por un amigo, que de acuerdo al mensaje reenviado por él mismo mantiene un local comercial y fue partícipe de su campaña para lograr obtener el sillón edilicio. Hablé con usted desde antes queasumiera y que ganáramos la alcaldía de lo que quería hacer en la terraza, se lee en el mensaje. A lo que Velásquez, replica en el grupo de WhatsApp de su equipo él es mi amigo y no pudieron hacer las cosas bien por él (...) lo único que he pedido personal en 4 meses. 11. Ilegalidades en uso del Estadio Regional Calvo y Bascuñán: Hasta ahora no se habría entregado información a los concejales respecto a la regularización de la deuda que mantendría el Club de Deportes Antofagasta con la Municipalidad, luego de la pugna iniciada por Velásquez a través de los medios, que derivó en un recurso interpuesto por el club deportivo. 12. Supuestas ilegalidades en recursos traspasados a la Corporación Cultural por el Festival de Antofagasta 2023: En febrero del 2023 se llevó a cabo un contrato en la Corporación Cultural y una productora para realizar el Festival de Antofagasta, por un monto total de $600 millones de pesos. Transferencia ordinaria de la Municipalidad aprobada por el Concejo y sujeta a rendición. Durante el espectáculo surgieron irregularidades que derivaron en sanciones. Mientras que este año, la Dirección de Control rechazó la rendición de gastos efectuada por la Corporación Cultural, exigiendo la restitución de los fondos transferidos. 13. Dotación de funcionarios de la planta municipal incompleta: Tras consultas efectuadas por el concejal Luis Aguilera a la Dirección de Gestión de Personas de la Municipalidad, este año habrían 153 cargos vacantes que no han sido sujetos a concurso. El alcalde desde el comienzo de su periodo en 2021, habría nombrado solo 12 personas, nueve el 2023 y cuatro en lo que va del año. 14. No velar por la debida tramitación y término de procesos disciplinarios en la Municipalidad: En esta parte detallan, que de 39 procesos iniciados en enero de 2021, aún habría en curso 15 de ese año. Mientras que de 49 comenzados el 2022, todavía existen 31 expedientes sin tramitación. Por su parte, el 2023 iniciaron 39 procedimientos, de los cuales 35 continúan en curso. 15. No otorgar respuestas a solicitudes de información pública: El 24 de enero de este año, el Consejo para la Transparencia aplicó una multa del 40% de la remuneración mensualizada al alcalde Jonathan Velásquez, por no entregar información en 10 procesos de amparo referidos a la entrega de información pública de la Municipalidad de Antofagasta.
Una cita a las 11:00 de la mañana este martes, fijaron los concejales de Antofagasta, quienes presentarán cargos ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para iniciar una acusación por el presunto abandono de deberes del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. Según información difundida por Timeline.cl, la denuncia estaría firmada por los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama. Acción que estaría sustentada en 15 puntos, que incluyen las irregularidades que se habrían cometido con el cierre del exvertedero municipal ubicado en La Chimba. También los cambios al contrato para el transporte de basura domiciliaria, sin pasar por el Concejo Municipal. El abuso de tratos directos en temas como el barrido de calles, sumarios pendientes sin resolución, emplear al abogado del municipio para asuntos personales, entre otros. Este requerimiento contaría con el patrocinio de los abogados Rolando Lorca, Eladio Cuadra y Axel Villar. Los concejales ofrecerán un punto de prensa para entregar más detalles al respecto de la acusación, cuya tramitación podría durar hasta un año. Todo en medio de la crisis que enfrentan los establecimientos de educación dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).
Este martes 9 de abril, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, fue notificado sobre el requerimiento de remoción presentado ante el Tribunal Electoral Regional por seis concejales , en el cual se acusa a la autoridad comunal de eventual abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa. Cabe recordar, que el pasado 1 de abril se conoció que el Tribunal mencionado acogió a trámite la acción realizada la última semana de marzo por los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama, declarándolo admisible. De acuerdo al comunicado enviado por los ediles en conjunto con el abogado Rolando Lorca, desde que fue notificado este martes 9 de abril, el alcalde cuenta con 10 días hábiles para contestar al requerimiento. Además, el miércoles 10 de abril fue publicado un inserto en un diario de circulación regional que da cuenta de la interposición de la medida ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta.
Este martes 26 de marzo, los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama, interpusieron una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta, para que mediante una sentencia judicial se declare el cese de las funciones del alcalde Jonathan Velásquez. Esto debido al presunto abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa, que habría cometido la autoridad comunal en el desempeño de sus funciones. Al presentarse a este Tribunal, los concejales firmantes denuncian 15 hechos en los cuales a su juicio se transgrede el principio de probidad y existiría un notable abandono de deberes, teniendo en cuenta acciones u omisiones por parte de Velásquez. Según la versión de los ediles, si el TER en su fallo acredita solo una de las situaciones expuestas, el alcalde debería cesar en sus funciones. A continuación te presentamos un resumen de los 15 hechos expuestos en el documento presentado por los concejales ante el TER, el cual consta de más de 100 páginas: 1. Ilegalidades en la gestión relacionada al exvertedero La Chimba: Aquí se expone una cronología de los hechos desde el 2019 cuando comenzó a operar el nuevo relleno sanitario Chaqueta Blanca, junto a las pronunciaciones de Contraloría sobre la no presentación de un plan de cierre y remediación hasta junio del 2022. Luego la acción judicial presentada por los vecinos del exvertedero que derivó en un fallo de la Corte Suprema, con el cual finalmente la Municipalidad dispuso el cierre y la seguridad. No obstante, aparecen otros aspectos como el requerimiento de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo un plan de remediación, cronograma que el municipio presentó pero fue rechazado al considerarse excesivo. En definitiva, hasta ahora no se cuenta con tal resolución, tampoco con la autorización de la Seremi de Salud para el plan de cierre. Desde el momento de asumir el cargo, laautoridad estaba en conocimiento del incumplimiento de este paso debido a la iniciativa comunal deadministraciones anteriores, situación que debía conocer toda vez que desempeñó anteriormente elcargo de concejal de la comuna. Sin embargo, no se hicieron esfuerzos por la preparación del plan deremediación sino hasta que las autoridades pertinentes -que hemos citado en los hechos- instruyeron u ordenaron al Municipio realizar esa gestión. De no ser por estos organismos, nada sehubiese realizado, expone el documento. 2. Ilegalidades en contratos vía trato directo para la recolección de basura domiciliaria y barrido de calles: Para este hecho exponen los resultados de los informes de Contraloría y la investigación especial de la Dirección de Control del propio municipio. Frente a los cuales despejan las infracciones detectadas, como la falta de debida fundamentación o motivación en los sucesivos tratos directos. No existió una urgencia sino que una negligencia de las unidadesencargadas, cita el documento. A esto añaden, faltas en la debida fiscalización y no cobro de multas millonarias, el municipio en el contrato de recolección y transporte de residuos dejó de cobrar multas porinfracciones debidamente detectadas, indican. 3. Ilegalidades en las contrataciones vía trato directo representadas por la Dirección de Control de la Municipalidad: Teniendo en cuenta el informe de esta dirección, sostienen que durante el periodo auditado detectaron 34 contrataciones vía trato directo por un monto superior a los $28 mil millones de pesos, entre las cuales 24 tuvieron como justificación la urgencia, sin que esto se demostrara efectivamente.Transformándose en una práctica reiterada, advierten. 4. Usar abogados de la Municipalidad para litigios personales: Esta situación se remonta a noviembre del 2022, cuando el concejal Luis Aguilera denunció el eventual empleo de abogados de la Dirección Jurídica de la Municipalidad en la causa que finalizó hace pocos meses, en la cual Velásquez fue acusado de funar a una profesora y su pareja mediante redes sociales. Sobre la denuncia impuesta por el concejal que dio lugar a una querella criminal, aún se encuentra vigente una causa por el delito de fraude al fisco, actualmente en etapa de investigación, de acuerdo al documento. 5 y 6. Delitos cometidos eventualmente durante la aprobación de un contrato: Esto tiene relación con la modificación unilateral de un contrato aprobado anteriormente por el Concejo Municipal, para el servicio de recolección de basura. El cual en definitiva habría sido modificado para aprobarse bajo la voluntad de la empresa y no con lo previamente acordado con el Concejo. 7. Presunta negligencia en manejo de inmuebles ubicados en Balneario Municipal y Playa Trocadero: Respecto al edificio Casino o Arrecife ubicado en el Balneario Municipal, además de los problemas de infraestructura y sanitarios acarreados debido al problema de alcantarillado que presenta, el lugar era ocupado por locatarios sin contrato de arrendamiento o patente comercial, en los cuales no fue decretada la debida clausura, a juicio del documento. En Playa Trocadero en tanto, existirían cuatro locales pertenecientes a la concesión que estarían funcionando sin contrato vigente con la Municipalidad desde 2022 a octubre de 2023. Tampoco había sido regularizado el sistema eléctrico y otro inmueble de Avenida Pérez Zujovic, no contaba con recepción municipal. 8. Omisiones legales en administración de local ocupado por McDonald's emplazado en concesión municipal: No existió un contrato formalizado desde enero de 2021 hasta a lo menos julio de 2023, en circunstanciasque es de público conocimiento que el restaurante McDonald's funciona actualmente y nunca hadejado de hacerlo, sostiene el documento. Del cual se deduce que no fue cobrado el arriendo durante ese periodo, aunque existen dos recientes regularizaciones realizadas por trato directo. A la fecha no hay constancia de que las rentas de arrendamiento delos períodos sin contrato formal, hayan sido efectivamente percibidas por el municipio, recalca el documento. 9. Delegar funciones directivas en funcionarios: En este punto se describen hechos ya conocidos en los denominados Plan 9 Papers donde el entonces Director deOperaciones de la Municipalidad, Rodrigo Silva, daba instrucciones a la administradora municipal e incluso al propio alcalde Jonathan Velásquez. Detallan que Silva habría intervenido en modificar los puntos de tabla del Concejo Municipal por motivos políticos, entregar instrucciones sobre temas contingentes, determinar precios en materias contractuales, nombramientos, desvinculaciones y procesos disciplinarios, dirigir las sesiones del Concejo. A lo cual añaden las oportunidades en que el alcalde ha abandonado las sesiones de Concejo, sin una aparente justificación. 10. Vulnerar la probidad por interceder a favor de terceros: Esta situación también fue conocida a través de los Plan 9 Papers, donde Velásquez pide hacer las cosas bien por un amigo, que de acuerdo al mensaje reenviado por él mismo mantiene un local comercial y fue partícipe de su campaña para lograr obtener el sillón edilicio. Hablé con usted desde antes queasumiera y que ganáramos la alcaldía de lo que quería hacer en la terraza, se lee en el mensaje. A lo que Velásquez, replica en el grupo de WhatsApp de su equipo él es mi amigo y no pudieron hacer las cosas bien por él (...) lo único que he pedido personal en 4 meses. 11. Ilegalidades en uso del Estadio Regional Calvo y Bascuñán: Hasta ahora no se habría entregado información a los concejales respecto a la regularización de la deuda que mantendría el Club de Deportes Antofagasta con la Municipalidad, luego de la pugna iniciada por Velásquez a través de los medios, que derivó en un recurso interpuesto por el club deportivo. 12. Supuestas ilegalidades en recursos traspasados a la Corporación Cultural por el Festival de Antofagasta 2023: En febrero del 2023 se llevó a cabo un contrato en la Corporación Cultural y una productora para realizar el Festival de Antofagasta, por un monto total de $600 millones de pesos. Transferencia ordinaria de la Municipalidad aprobada por el Concejo y sujeta a rendición. Durante el espectáculo surgieron irregularidades que derivaron en sanciones. Mientras que este año, la Dirección de Control rechazó la rendición de gastos efectuada por la Corporación Cultural, exigiendo la restitución de los fondos transferidos. 13. Dotación de funcionarios de la planta municipal incompleta: Tras consultas efectuadas por el concejal Luis Aguilera a la Dirección de Gestión de Personas de la Municipalidad, este año habrían 153 cargos vacantes que no han sido sujetos a concurso. El alcalde desde el comienzo de su periodo en 2021, habría nombrado solo 12 personas, nueve el 2023 y cuatro en lo que va del año. 14. No velar por la debida tramitación y término de procesos disciplinarios en la Municipalidad: En esta parte detallan, que de 39 procesos iniciados en enero de 2021, aún habría en curso 15 de ese año. Mientras que de 49 comenzados el 2022, todavía existen 31 expedientes sin tramitación. Por su parte, el 2023 iniciaron 39 procedimientos, de los cuales 35 continúan en curso. 15. No otorgar respuestas a solicitudes de información pública: El 24 de enero de este año, el Consejo para la Transparencia aplicó una multa del 40% de la remuneración mensualizada al alcalde Jonathan Velásquez, por no entregar información en 10 procesos de amparo referidos a la entrega de información pública de la Municipalidad de Antofagasta.
Una cita a las 11:00 de la mañana este martes, fijaron los concejales de Antofagasta, quienes presentarán cargos ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para iniciar una acusación por el presunto abandono de deberes del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. Según información difundida por Timeline.cl, la denuncia estaría firmada por los concejales Luis Aguilera, Karina Guzmán, Camilo Kong, Norma Leiva, Ignacio Pozo y Waldo Valderrama. Acción que estaría sustentada en 15 puntos, que incluyen las irregularidades que se habrían cometido con el cierre del exvertedero municipal ubicado en La Chimba. También los cambios al contrato para el transporte de basura domiciliaria, sin pasar por el Concejo Municipal. El abuso de tratos directos en temas como el barrido de calles, sumarios pendientes sin resolución, emplear al abogado del municipio para asuntos personales, entre otros. Este requerimiento contaría con el patrocinio de los abogados Rolando Lorca, Eladio Cuadra y Axel Villar. Los concejales ofrecerán un punto de prensa para entregar más detalles al respecto de la acusación, cuya tramitación podría durar hasta un año. Todo en medio de la crisis que enfrentan los establecimientos de educación dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).
