El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
En medio de las controversiales filtraciones de conversaciones privadas entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, expresó su total respaldo al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la situación. Ante esto, Valencia decidió remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación derivada de las filtraciones, pero confirmó que Cooper continuará liderando el caso Sierra Bella y el análisis de la posible implicación de la parlamentaria en un eventual tráfico de influencias. En una conversación con Radio Agricultura, Bravo explicó que el problema de las filtraciones se origina cuando las carpetas investigativas se entregan a varias partes involucradas, como querellantes y querellantes institucionales, lo que pone en riesgo el control de la información sensible. Afirmar que Cooper es el responsable parece ser algo apresurado, lo que no significa que no se deba investigar, señaló. Asimismo, Bravo también respaldó las decisiones de Valencia, destacando que el fiscal nacional ha tomado las medidas correctas. El año pasado, el fiscal Valencia dictó una instrucción para que se manejara con mayor cautela la revisión de aparatos electrónicos y documentos sensibles, como ocurrió con el fiscal Cooper, quien se encargó de tarjar información irrelevante para proteger la privacidad de las personas involucradas, explicó Bravo. Por último, el presidente de la Asociación subrayó la gravedad de las filtraciones, calificándolas de inadmisibles. Es inaceptable que se estén divulgando conversaciones personales que no tienen ninguna relevancia jurídica o penal. La persecución penal debe ser exitosa, pero también debe proteger los derechos de las personas, concluyó.
El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
En medio de las controversiales filtraciones de conversaciones privadas entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, expresó su total respaldo al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la situación. Ante esto, Valencia decidió remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación derivada de las filtraciones, pero confirmó que Cooper continuará liderando el caso Sierra Bella y el análisis de la posible implicación de la parlamentaria en un eventual tráfico de influencias. En una conversación con Radio Agricultura, Bravo explicó que el problema de las filtraciones se origina cuando las carpetas investigativas se entregan a varias partes involucradas, como querellantes y querellantes institucionales, lo que pone en riesgo el control de la información sensible. Afirmar que Cooper es el responsable parece ser algo apresurado, lo que no significa que no se deba investigar, señaló. Asimismo, Bravo también respaldó las decisiones de Valencia, destacando que el fiscal nacional ha tomado las medidas correctas. El año pasado, el fiscal Valencia dictó una instrucción para que se manejara con mayor cautela la revisión de aparatos electrónicos y documentos sensibles, como ocurrió con el fiscal Cooper, quien se encargó de tarjar información irrelevante para proteger la privacidad de las personas involucradas, explicó Bravo. Por último, el presidente de la Asociación subrayó la gravedad de las filtraciones, calificándolas de inadmisibles. Es inaceptable que se estén divulgando conversaciones personales que no tienen ninguna relevancia jurídica o penal. La persecución penal debe ser exitosa, pero también debe proteger los derechos de las personas, concluyó.
