El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.