En medio de la polémica desatada por las recientes declaraciones del canciller del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, en las que calificó al grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua como unaficción, el Gobierno chileno manifestó su rechazo y evaluado medidas diplomáticas en respuesta a tales afirmaciones. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, podría ser llamado a consulta en respuesta a estas declaraciones, según lo informado por fuentes del Gobierno. Esta decisión se estaría evaluando con el objetivo de recabar mayores elementos sobre la situación en el país vecino y reafirmar la postura de Chile en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La ministra de la Secretaría General de Gobierno y vocera de La Moneda, Camila Vallejo, reiteró el rechazo del Gobierno chileno a las afirmaciones de Yván Gil, destacando que los efectos del Tren de Aragua son reales y no una invención mediática. Vallejo hizo hincapié en la necesidad de una respuesta coordinada y enérgica para hacer frente a este desafío común en la región. Previamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había condenado las declaraciones del canciller venezolano. E s bien impresionante. Venezuela se dice así mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal”. “Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al Gobierno de Chile, al pueblo de Chile y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable.
Este pasado martes el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una significativa modificación en el proceso electoral, permitiendo que las próximas elecciones regionales y municipales se lleven a cabo en dos días consecutivos. Esta iniciativa, que será debatida con suma urgencia, busca optimizar el proceso electoral y garantizar una participación más fluida de los votantes. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue el encargado de detallar los aspectos fundamentales de este proyecto. Según explicó, además de extender la votación a dos días, se considera la implementación de feriados especiales para ambos días y la eliminación de la conocidaley seca. Inicialmente, estas elecciones estaban programadas para el 27 de octubre, fecha en la que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. Con la obligatoriedad del voto, estipulada por el Servicio Electoral (Servel), se prevé una jornada que podría extenderse hasta 13 horas, lo que justifica la necesidad de extender el sufragio a dos días. El ministro Elizalde señaló que esta no sería una experiencia inédita, recordando que la votación anterior de los mismos cargos, realizada en mayo de 2021, también se llevó a cabo en dos días. El proyecto también contempla que el domingo 27 de octubre sea un feriado irrenunciable para facilitar la participación de los votantes, mientras que el sábado 26 sería considerado un feriado normal. Además de estos aspectos, el proyecto propone poner fin a la prohibición de venta de alcohol durante el día de las elecciones, conocida como ley seca. Se busca también establecer un adelanto en la presentación de los gastos electorales para prevenir conductas ilícitas y se plantea una regulación de las campañas electorales en las redes sociales, así como un procedimiento más expedito para la designación de vocales de mesa. En cuanto al financiamiento, la iniciativa gubernamental sugiere unamodificación a la baja de los montos que se entregan a los partidos políticos y candidaturas independientes por voto recibido. El ministro Elizalde concluyó explicando que este proyecto aborda las elecciones de este año y que existe otro proyecto de ley que contempla mecanismos, como el voto anticipado, que podrían resolver cuestiones relacionadas con la jornada de votación.
En respuesta a las masivas protestas protagonizadas por pescadores artesanales en la provincia de Concepción, ubicada en la región del Biobío, el Gobierno anunció la presentación de una querella legal. Esta medida fue adelantada por el delegado presidencial regional (s) Humberto Toro durante una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío. Los pescadores artesanales han levantado su voz exigiendo el derecho a capturar caballa y jurel, dado los desafíos que enfrentan para capturar sardina y anchoveta. El delegado presidencial reconoció el derecho de los trabajadores y las organizaciones sindicales a expresar sus preocupaciones y buscar soluciones con el gobierno. No obstante, enfatizó que las protestas no deben paralizar las rutas de la región, afectando a miles de trabajadores, estudiantes y personas que necesitan acceder a servicios esenciales, como hospitales. En este contexto, el Gobierno decidió emprender acciones legales contra aquellos que han incitado a acciones que obstaculizan el tránsito, causando inconvenientes a la ciudadanía. Instruí a Jurídica para que presente una querella contra las personas que han sido detenidas por poner obstáculos en la ruta o indicar a otros que lo hagan , señaló Toro. El delegado presidencial aseguró que si bien los ciudadanos tienen el pleno derecho a protestar y movilizarse, estas acciones no deben menoscabar las garantías del resto de la ciudadanía. Respecto a la solicitud de los pescadores de capturar caballa y jurel, Toro explicó que la cuota de jurel ya ha sido agotada y será necesario esperar a que se reabra la pesquería. Asimismo, desde un punto de vista técnico, mencionó que los cardúmenes de jurel y caballa se desplazan juntos por el océano, siendo el jurel el 80% y la caballa el 20% de ese cardumen.
La mañana de hoy, la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez, se pronunció sobre el alarmante incidente ocurrido en las inmediaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor, donde una mujer logró apoderarse del arma de un vigilante y efectuó disparos que dejaron a tres personas heridas. Martínez subrayó la gravedad del acontecimiento y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas que propiciaron este fallo en el procedimiento de seguridad privada. Estamos trabajando para poder pesquisar administrativamente qué es lo que falló en este procedimiento de seguridad privada , afirmó la autoridad, añadiendo que se están evaluando medidas para reforzar la seguridad en el área. La delegada informó que el trabajo de seguridad se realiza diariamente entre las 7:00 y las 15:00 horas, pero enfatizó que se redoblarán los esfuerzos para evitar incidentes similares en el futuro. Además, señaló que el gobierno está considerando presentar una querella criminal en relación con el incidente. En cuanto a la presunta falla en el procedimiento de seguridad, Martínez destacó la evidente incapacidad para inmovilizar a la persona implicada. La baja capacidad de inmovilizar a esta persona es evidente , declaró. La investigación sobre las fallas en el procedimiento quedará en manos del OS 10 de Carabineros, según indicó la delegada.
En una ceremonia realizada desde el Salón Montt Varas en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad. Esta normativa, parte de una serie de 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad, de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La promulgación contó con la presencia de ministros del gabinete, entre ellos Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Maya Fernández (Defensa), Mario Marcel (Hacienda), Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Diego Pardow (Energía) y Aisén Etcheverry (Ciencias). El presidente Boric destacó la trascendencia de esta ley, mencionando que involucra a diez ministerios, subrayando así el compromiso total del Estado y el gobierno en abordar la ciberseguridad de manera integral. Con la entrada en vigor de esta ley, tendremos más y mejores herramientas para proteger los derechos de las personas en el ciberespacio , enfatizó el mandatario. Esta ley aborda una amplia gama de incidentes de seguridad informática, desde la suplantación de identidad hasta el spam, pasando por el sabotaje y los cortes de servicio. El mandatario subrayó que la promulgación de esta ley hace que Chile se posicione como el primer país de América Latina y el Caribe en tener una agencia nacional de ciberseguridad y un marco regulatorio avanzado en este ámbito. La pieza central de la nueva legislación es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que actuará como el ente rector en este campo. Esta agencia tendrá la capacidad de establecer normativas técnicas, llevar a cabo inspecciones y aplicar multas de hasta 40 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales), equivalentes a cerca de 2 mil 600 millones de pesos chilenos. Entre las responsabilidades de la ANCI se encuentra la elaboración de protocolos y estándares para la prevención, detección y resolución de incidentes de ciberseguridad. El presidente Boric concluyó destacando la importancia de esta ley que regula distintos servicios públicos y privados, las telecomunicaciones, los servicios digitales, los servicios de salud, seguridad social, servicios financieros y de mensajería, entre otros. Y todos estos servicios van a tener que aplicar medidas específicas para poder prevenir, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad, además de cumplir con una estricta regulación en esta materia por el bien de sus usuarios.
En medio de la polémica desatada por las recientes declaraciones del canciller del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, en las que calificó al grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua como unaficción, el Gobierno chileno manifestó su rechazo y evaluado medidas diplomáticas en respuesta a tales afirmaciones. El embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, podría ser llamado a consulta en respuesta a estas declaraciones, según lo informado por fuentes del Gobierno. Esta decisión se estaría evaluando con el objetivo de recabar mayores elementos sobre la situación en el país vecino y reafirmar la postura de Chile en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La ministra de la Secretaría General de Gobierno y vocera de La Moneda, Camila Vallejo, reiteró el rechazo del Gobierno chileno a las afirmaciones de Yván Gil, destacando que los efectos del Tren de Aragua son reales y no una invención mediática. Vallejo hizo hincapié en la necesidad de una respuesta coordinada y enérgica para hacer frente a este desafío común en la región. Previamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había condenado las declaraciones del canciller venezolano. E s bien impresionante. Venezuela se dice así mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal”. “Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al Gobierno de Chile, al pueblo de Chile y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable.
Este pasado martes el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una significativa modificación en el proceso electoral, permitiendo que las próximas elecciones regionales y municipales se lleven a cabo en dos días consecutivos. Esta iniciativa, que será debatida con suma urgencia, busca optimizar el proceso electoral y garantizar una participación más fluida de los votantes. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue el encargado de detallar los aspectos fundamentales de este proyecto. Según explicó, además de extender la votación a dos días, se considera la implementación de feriados especiales para ambos días y la eliminación de la conocidaley seca. Inicialmente, estas elecciones estaban programadas para el 27 de octubre, fecha en la que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. Con la obligatoriedad del voto, estipulada por el Servicio Electoral (Servel), se prevé una jornada que podría extenderse hasta 13 horas, lo que justifica la necesidad de extender el sufragio a dos días. El ministro Elizalde señaló que esta no sería una experiencia inédita, recordando que la votación anterior de los mismos cargos, realizada en mayo de 2021, también se llevó a cabo en dos días. El proyecto también contempla que el domingo 27 de octubre sea un feriado irrenunciable para facilitar la participación de los votantes, mientras que el sábado 26 sería considerado un feriado normal. Además de estos aspectos, el proyecto propone poner fin a la prohibición de venta de alcohol durante el día de las elecciones, conocida como ley seca. Se busca también establecer un adelanto en la presentación de los gastos electorales para prevenir conductas ilícitas y se plantea una regulación de las campañas electorales en las redes sociales, así como un procedimiento más expedito para la designación de vocales de mesa. En cuanto al financiamiento, la iniciativa gubernamental sugiere unamodificación a la baja de los montos que se entregan a los partidos políticos y candidaturas independientes por voto recibido. El ministro Elizalde concluyó explicando que este proyecto aborda las elecciones de este año y que existe otro proyecto de ley que contempla mecanismos, como el voto anticipado, que podrían resolver cuestiones relacionadas con la jornada de votación.
En respuesta a las masivas protestas protagonizadas por pescadores artesanales en la provincia de Concepción, ubicada en la región del Biobío, el Gobierno anunció la presentación de una querella legal. Esta medida fue adelantada por el delegado presidencial regional (s) Humberto Toro durante una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío. Los pescadores artesanales han levantado su voz exigiendo el derecho a capturar caballa y jurel, dado los desafíos que enfrentan para capturar sardina y anchoveta. El delegado presidencial reconoció el derecho de los trabajadores y las organizaciones sindicales a expresar sus preocupaciones y buscar soluciones con el gobierno. No obstante, enfatizó que las protestas no deben paralizar las rutas de la región, afectando a miles de trabajadores, estudiantes y personas que necesitan acceder a servicios esenciales, como hospitales. En este contexto, el Gobierno decidió emprender acciones legales contra aquellos que han incitado a acciones que obstaculizan el tránsito, causando inconvenientes a la ciudadanía. Instruí a Jurídica para que presente una querella contra las personas que han sido detenidas por poner obstáculos en la ruta o indicar a otros que lo hagan , señaló Toro. El delegado presidencial aseguró que si bien los ciudadanos tienen el pleno derecho a protestar y movilizarse, estas acciones no deben menoscabar las garantías del resto de la ciudadanía. Respecto a la solicitud de los pescadores de capturar caballa y jurel, Toro explicó que la cuota de jurel ya ha sido agotada y será necesario esperar a que se reabra la pesquería. Asimismo, desde un punto de vista técnico, mencionó que los cardúmenes de jurel y caballa se desplazan juntos por el océano, siendo el jurel el 80% y la caballa el 20% de ese cardumen.
La mañana de hoy, la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez, se pronunció sobre el alarmante incidente ocurrido en las inmediaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor, donde una mujer logró apoderarse del arma de un vigilante y efectuó disparos que dejaron a tres personas heridas. Martínez subrayó la gravedad del acontecimiento y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas que propiciaron este fallo en el procedimiento de seguridad privada. Estamos trabajando para poder pesquisar administrativamente qué es lo que falló en este procedimiento de seguridad privada , afirmó la autoridad, añadiendo que se están evaluando medidas para reforzar la seguridad en el área. La delegada informó que el trabajo de seguridad se realiza diariamente entre las 7:00 y las 15:00 horas, pero enfatizó que se redoblarán los esfuerzos para evitar incidentes similares en el futuro. Además, señaló que el gobierno está considerando presentar una querella criminal en relación con el incidente. En cuanto a la presunta falla en el procedimiento de seguridad, Martínez destacó la evidente incapacidad para inmovilizar a la persona implicada. La baja capacidad de inmovilizar a esta persona es evidente , declaró. La investigación sobre las fallas en el procedimiento quedará en manos del OS 10 de Carabineros, según indicó la delegada.
En una ceremonia realizada desde el Salón Montt Varas en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad. Esta normativa, parte de una serie de 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad, de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La promulgación contó con la presencia de ministros del gabinete, entre ellos Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Maya Fernández (Defensa), Mario Marcel (Hacienda), Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Diego Pardow (Energía) y Aisén Etcheverry (Ciencias). El presidente Boric destacó la trascendencia de esta ley, mencionando que involucra a diez ministerios, subrayando así el compromiso total del Estado y el gobierno en abordar la ciberseguridad de manera integral. Con la entrada en vigor de esta ley, tendremos más y mejores herramientas para proteger los derechos de las personas en el ciberespacio , enfatizó el mandatario. Esta ley aborda una amplia gama de incidentes de seguridad informática, desde la suplantación de identidad hasta el spam, pasando por el sabotaje y los cortes de servicio. El mandatario subrayó que la promulgación de esta ley hace que Chile se posicione como el primer país de América Latina y el Caribe en tener una agencia nacional de ciberseguridad y un marco regulatorio avanzado en este ámbito. La pieza central de la nueva legislación es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que actuará como el ente rector en este campo. Esta agencia tendrá la capacidad de establecer normativas técnicas, llevar a cabo inspecciones y aplicar multas de hasta 40 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales), equivalentes a cerca de 2 mil 600 millones de pesos chilenos. Entre las responsabilidades de la ANCI se encuentra la elaboración de protocolos y estándares para la prevención, detección y resolución de incidentes de ciberseguridad. El presidente Boric concluyó destacando la importancia de esta ley que regula distintos servicios públicos y privados, las telecomunicaciones, los servicios digitales, los servicios de salud, seguridad social, servicios financieros y de mensajería, entre otros. Y todos estos servicios van a tener que aplicar medidas específicas para poder prevenir, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad, además de cumplir con una estricta regulación en esta materia por el bien de sus usuarios.
