En 2024 entró en vigencia el nuevo royalty minero en Chile, con una recaudación que superó los US$1.550 millones, superando ampliamente los US$1.350 millones proyectados. El 90% de esos recursos provino de solo tres grandes faenas: Minera Escondida (US$839 millones), Collahuasi (US$363 millones) y Los Pelambres (US$196 millones), lo que evidencia una fuerte concentración fiscal en pocas operaciones. Este nuevo esquema reemplazó al antiguo IEAM, estableciendo tasas progresivas entre el 0,4% y el 26%, según volúmenes de producción y márgenes operacionales. Escondida fue una de las más afectadas, con un alza en su tasa impositiva de 5,75% a 17,11%, en un año donde alcanzó una producción récord de 1,24 millones de toneladas. Implementación y desafíos Según el informe oficial del Gobierno (enero 2025), el nuevo royalty considera dos fondos principales: el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En 2024 se activó un Fondo Puente, que distribuyó $93.646 millones a 307 comunas, con montos promedio de $235 millones por comuna a través del FET y $532 millones por comuna en el FCMI. No obstante, la implementación evidenció debilidades: solo el 53,4% de las comunas reportaron adecuadamente sus gastos y apenas un 22% abrió la cuenta corriente exclusiva que exige la normativa para la correcta trazabilidad de los recursos. Proyecciones para 2025 Para este año, se proyecta una distribución de $218.000 millones: $166.000 millones al FET y $53.000 millones al FCMI, entregados en cuatro cuotas a lo largo del año. Aunque serán de libre disposición, los fondos estarán condicionados al cumplimiento de la reportabilidad de 2024. El acceso al FCMI se definirá según criterios técnicos, como cantidad y tipo de yacimientos, presencia de fundiciones, relaves, emisiones, zonas saturadas y puertos con actividad minera. Puente Alto fue la comuna que más recursos recibió el año pasado, con $3.220 millones, mientras que Río Verde, en Magallanes, solo accedió a $118 millones. Antofagasta y Atacama concentraron las mayores asignaciones, con comunas como Calama, Tierra Amarilla y Copiapó entre las principales beneficiadas. Impacto y usos concretos El informe también recoge usos destacados de los fondos: entrega de becas estudiantiles, compra de vehículos de seguridad en Lanco, reposición de veredas en Lo Prado, infraestructura para bomberos en Puente Alto, y proyectos de agua potable en San Juan de la Costa. El royalty minero se consolida como una herramienta clave de financiamiento para el desarrollo local y regional. No obstante, enfrenta importantes desafíos: concentración de ingresos en pocas minas, debilidades en la gestión municipal, y la necesidad urgente de asegurar un uso transparente, equitativo y eficaz de los recursos. Expertos como Claudio Valencia advierten que la legitimidad social del sector minero y su competitividad futura dependerán de cómo se gestionen estos ingresos y de si se logra ampliar su impacto a más territorios.
En 2024 entró en vigencia el nuevo royalty minero en Chile, con una recaudación que superó los US$1.550 millones, superando ampliamente los US$1.350 millones proyectados. El 90% de esos recursos provino de solo tres grandes faenas: Minera Escondida (US$839 millones), Collahuasi (US$363 millones) y Los Pelambres (US$196 millones), lo que evidencia una fuerte concentración fiscal en pocas operaciones. Este nuevo esquema reemplazó al antiguo IEAM, estableciendo tasas progresivas entre el 0,4% y el 26%, según volúmenes de producción y márgenes operacionales. Escondida fue una de las más afectadas, con un alza en su tasa impositiva de 5,75% a 17,11%, en un año donde alcanzó una producción récord de 1,24 millones de toneladas. Implementación y desafíos Según el informe oficial del Gobierno (enero 2025), el nuevo royalty considera dos fondos principales: el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En 2024 se activó un Fondo Puente, que distribuyó $93.646 millones a 307 comunas, con montos promedio de $235 millones por comuna a través del FET y $532 millones por comuna en el FCMI. No obstante, la implementación evidenció debilidades: solo el 53,4% de las comunas reportaron adecuadamente sus gastos y apenas un 22% abrió la cuenta corriente exclusiva que exige la normativa para la correcta trazabilidad de los recursos. Proyecciones para 2025 Para este año, se proyecta una distribución de $218.000 millones: $166.000 millones al FET y $53.000 millones al FCMI, entregados en cuatro cuotas a lo largo del año. Aunque serán de libre disposición, los fondos estarán condicionados al cumplimiento de la reportabilidad de 2024. El acceso al FCMI se definirá según criterios técnicos, como cantidad y tipo de yacimientos, presencia de fundiciones, relaves, emisiones, zonas saturadas y puertos con actividad minera. Puente Alto fue la comuna que más recursos recibió el año pasado, con $3.220 millones, mientras que Río Verde, en Magallanes, solo accedió a $118 millones. Antofagasta y Atacama concentraron las mayores asignaciones, con comunas como Calama, Tierra Amarilla y Copiapó entre las principales beneficiadas. Impacto y usos concretos El informe también recoge usos destacados de los fondos: entrega de becas estudiantiles, compra de vehículos de seguridad en Lanco, reposición de veredas en Lo Prado, infraestructura para bomberos en Puente Alto, y proyectos de agua potable en San Juan de la Costa. El royalty minero se consolida como una herramienta clave de financiamiento para el desarrollo local y regional. No obstante, enfrenta importantes desafíos: concentración de ingresos en pocas minas, debilidades en la gestión municipal, y la necesidad urgente de asegurar un uso transparente, equitativo y eficaz de los recursos. Expertos como Claudio Valencia advierten que la legitimidad social del sector minero y su competitividad futura dependerán de cómo se gestionen estos ingresos y de si se logra ampliar su impacto a más territorios.
