Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Dos ciudadanos chilenos y un ecuatoriano quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas, tras ser descubiertos por Carabineros en plena comercialización de clorhidrato de cocaína, en un campamento de Antofagasta. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, luego de ser alertados del presunto uso de un inmueble para venta de drogas, ubicado en el campamento Eulogio Gordo. Carabineros concurrió al lugar, donde observaron que terceros acudían al inmueble, realizando acciones atribuibles a la compra de droga a un sujeto que se encontraba en el interior. Tras ello, personal policial procede a la fiscalización y en el operativo, se incautaron en total 308 envoltorios contenedores de clorhidrato de cocaína, con un peso bruto 213 gramos 400 miligramos, además de otros elementos de interés. Tres sujetos fueron detenidos; dos chilenos de 23 y 48 años, uno de ellos con detenciones anteriores, además de un extranjero de 22 años, quien se encuentra en situación migratoria irregular y mantiene una orden de expulsión vigente desde agosto de 2025, registrando además detenciones previas. Además de decretar la prisión preventiva para los tres detenidos, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de 120 días para la investigación.
La Contraloría Regional de Antofagasta aprobó un sumario administrativo contra el exalcalde de la comuna, Jonathan Velásquez y su director de asesoría jurídica, que determinó responsabilidades por irregularidades en la tramitación de procesos disciplinarios al interior de la Municipalidad de Antofagasta. La resolución fue dada a conocer este martes, en el Concejo Municipal N°10, donde el secretario municipal explica la determinación, para evaluar la opción de eventuales acciones. De acuerdo al ente contralor, la administración encabezada por Jonathan Velasquez no cumplió oportunamente con las instrucciones del organismo, al retrasar reiteradamente el envío de actos administrativos clave para la toma de razón en dos sumarios iniciados 2019 y 2021. Además, la resolución corrobora que dichas demoras se extendieron por varios años, aún con la petición de requerimientos y nuevos antecedentes por parte de Contraloría. Por lo mismo, en el caso de algunos sumarios, el retraso de las acciones provocó la prescripción de la acción disciplinaria, lo que derivó en el sobreseimiento de los funcionarios involucrados. En este escenario, es que el organismo fiscalizador estableció responsabilidad administrativa del exalcalde Jonathan Velásquez, por no ejercer un control jerárquico efectivo que asegurara la tramitación oportuna de los sumarios. Además, se determinó responsabilidad del exdirector de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro, a quien se le propone aplicar una multa equivalente a l 20% de su remuneración mensual, además de una anotación de demérito en su evaluación funcionaria. Finalmente, la contraloría concluyó que existieron dilataciones injustificadas, falta de seguimiento y deficiencias en la gestión administrativa, lo que impidió el cumplimiento oportuno de los procedimientos disciplinarios. “Nosotros con seis concejales más fuimos al TER, fue sancionado ya por 5 años, obviamente tenemos más antecedentes que evaluaremos, causas que tenemos en Fiscalía con él, porque acá son materia algunas constitutiva de delito, entonces nosotros estamos obligados a seguir los procesos esté o no esté en el servicio público, señaló la concejala Karina Guzmán.
El Seremi de Salud, Rodrigo Medina, entregó un balance de los trabajos realizados durante el período de Semana Santa en la región de Antofagasta, donde fiscalizaciones terminaron en el decomiso de una tonelada de productos. En términos generales, se realizaron 82 fiscalizaciones, 21 sumarios sanitarios, 6 prohibiciones de funcionamiento y el decomiso de una tonelada de productos del mar y otras carnes y alimentos perecibles, además de acciones de educación para los manipuladores de alimentos. Por otra parte, la revisión de las labores generadas por los profesionales de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, muestran el hallazgo de falencias comunes y que se repiten con importante frecuencia en quienes no están cumpliendo. De acuerdo al seremi, se ha observado una tendencia a generar cambios en las plantas físicas de los locales, por ejemplo, convirtiéndolos en improvisados comedores que no se condicen con la normativa sanitaria, en desmedro de la salud de la población. Asimismo, las inspecciones demostraron descuido y despreocupación con relación a la mantención de la cadena de frío, observándose la existencia de equipos de frío en mal estado o en prácticas como descongelar los productos al aire libre, hecho que favorece la proliferación bacteriana. Además, en el caso de los productos del mar, los análisis mostraron que algunos locatarios insisten en vender sus pecados con vísceras, lo que aumenta el peso de los productos y por consiguiente su valor, perjudicando sin embargo, su conservación y estado de inocuidad, puesto que la sustancia interna de los órganos - incluyendo la materia fecal - tiende a permeabilizarse hacia el interior de la pieza. Finalmente, la cuarta de las transgresiones de quienes incumplen, dijo, está vinculada con la falta de documentación del origen de los pescados y mariscos. No hay guías ni facturas que muestren la trazabilidad de éstos, y que fueron extraídos desde lugares debidamente autorizados, convirtiéndolos así en alimentos de alto riesgo, subrayó el Seremi.
Durante la mañana de este martes, la Universidad del Alba anunció la suspensión de sus actividades debido a amenazas de atentado en una de las sedes ubicadas en la capital regional. La casa de estudios habría recibido una advertencia de tiroteo, que se llevaría a cabo en la sede ubicada en la intersección de las calles Arturo Prat con José Santos Ossa, por lo que se decretó la suspensión de actividades y fue ordenada la evacuación del recinto. Hasta el lugar, concurrió personal de Carabineros ante la desocupación del establecimiento. En tanto, la sede ubicada en calle Matte también sufrió la suspensión de actividades por seguridad. En este escenario, el Vicerrector de la casa de estudios, Valentín Volta, aseguró que las clases se reanudarán desde las 13:00 horas en modalidad online, mientras que se evaluará la situación para las próximas jornadas. En caso de retornar a la normalidad, se retomarán las actividades presenciales.
Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Dos ciudadanos chilenos y un ecuatoriano quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas, tras ser descubiertos por Carabineros en plena comercialización de clorhidrato de cocaína, en un campamento de Antofagasta. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, luego de ser alertados del presunto uso de un inmueble para venta de drogas, ubicado en el campamento Eulogio Gordo. Carabineros concurrió al lugar, donde observaron que terceros acudían al inmueble, realizando acciones atribuibles a la compra de droga a un sujeto que se encontraba en el interior. Tras ello, personal policial procede a la fiscalización y en el operativo, se incautaron en total 308 envoltorios contenedores de clorhidrato de cocaína, con un peso bruto 213 gramos 400 miligramos, además de otros elementos de interés. Tres sujetos fueron detenidos; dos chilenos de 23 y 48 años, uno de ellos con detenciones anteriores, además de un extranjero de 22 años, quien se encuentra en situación migratoria irregular y mantiene una orden de expulsión vigente desde agosto de 2025, registrando además detenciones previas. Además de decretar la prisión preventiva para los tres detenidos, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de 120 días para la investigación.
La Contraloría Regional de Antofagasta aprobó un sumario administrativo contra el exalcalde de la comuna, Jonathan Velásquez y su director de asesoría jurídica, que determinó responsabilidades por irregularidades en la tramitación de procesos disciplinarios al interior de la Municipalidad de Antofagasta. La resolución fue dada a conocer este martes, en el Concejo Municipal N°10, donde el secretario municipal explica la determinación, para evaluar la opción de eventuales acciones. De acuerdo al ente contralor, la administración encabezada por Jonathan Velasquez no cumplió oportunamente con las instrucciones del organismo, al retrasar reiteradamente el envío de actos administrativos clave para la toma de razón en dos sumarios iniciados 2019 y 2021. Además, la resolución corrobora que dichas demoras se extendieron por varios años, aún con la petición de requerimientos y nuevos antecedentes por parte de Contraloría. Por lo mismo, en el caso de algunos sumarios, el retraso de las acciones provocó la prescripción de la acción disciplinaria, lo que derivó en el sobreseimiento de los funcionarios involucrados. En este escenario, es que el organismo fiscalizador estableció responsabilidad administrativa del exalcalde Jonathan Velásquez, por no ejercer un control jerárquico efectivo que asegurara la tramitación oportuna de los sumarios. Además, se determinó responsabilidad del exdirector de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro, a quien se le propone aplicar una multa equivalente a l 20% de su remuneración mensual, además de una anotación de demérito en su evaluación funcionaria. Finalmente, la contraloría concluyó que existieron dilataciones injustificadas, falta de seguimiento y deficiencias en la gestión administrativa, lo que impidió el cumplimiento oportuno de los procedimientos disciplinarios. “Nosotros con seis concejales más fuimos al TER, fue sancionado ya por 5 años, obviamente tenemos más antecedentes que evaluaremos, causas que tenemos en Fiscalía con él, porque acá son materia algunas constitutiva de delito, entonces nosotros estamos obligados a seguir los procesos esté o no esté en el servicio público, señaló la concejala Karina Guzmán.
El Seremi de Salud, Rodrigo Medina, entregó un balance de los trabajos realizados durante el período de Semana Santa en la región de Antofagasta, donde fiscalizaciones terminaron en el decomiso de una tonelada de productos. En términos generales, se realizaron 82 fiscalizaciones, 21 sumarios sanitarios, 6 prohibiciones de funcionamiento y el decomiso de una tonelada de productos del mar y otras carnes y alimentos perecibles, además de acciones de educación para los manipuladores de alimentos. Por otra parte, la revisión de las labores generadas por los profesionales de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, muestran el hallazgo de falencias comunes y que se repiten con importante frecuencia en quienes no están cumpliendo. De acuerdo al seremi, se ha observado una tendencia a generar cambios en las plantas físicas de los locales, por ejemplo, convirtiéndolos en improvisados comedores que no se condicen con la normativa sanitaria, en desmedro de la salud de la población. Asimismo, las inspecciones demostraron descuido y despreocupación con relación a la mantención de la cadena de frío, observándose la existencia de equipos de frío en mal estado o en prácticas como descongelar los productos al aire libre, hecho que favorece la proliferación bacteriana. Además, en el caso de los productos del mar, los análisis mostraron que algunos locatarios insisten en vender sus pecados con vísceras, lo que aumenta el peso de los productos y por consiguiente su valor, perjudicando sin embargo, su conservación y estado de inocuidad, puesto que la sustancia interna de los órganos - incluyendo la materia fecal - tiende a permeabilizarse hacia el interior de la pieza. Finalmente, la cuarta de las transgresiones de quienes incumplen, dijo, está vinculada con la falta de documentación del origen de los pescados y mariscos. No hay guías ni facturas que muestren la trazabilidad de éstos, y que fueron extraídos desde lugares debidamente autorizados, convirtiéndolos así en alimentos de alto riesgo, subrayó el Seremi.
Durante la mañana de este martes, la Universidad del Alba anunció la suspensión de sus actividades debido a amenazas de atentado en una de las sedes ubicadas en la capital regional. La casa de estudios habría recibido una advertencia de tiroteo, que se llevaría a cabo en la sede ubicada en la intersección de las calles Arturo Prat con José Santos Ossa, por lo que se decretó la suspensión de actividades y fue ordenada la evacuación del recinto. Hasta el lugar, concurrió personal de Carabineros ante la desocupación del establecimiento. En tanto, la sede ubicada en calle Matte también sufrió la suspensión de actividades por seguridad. En este escenario, el Vicerrector de la casa de estudios, Valentín Volta, aseguró que las clases se reanudarán desde las 13:00 horas en modalidad online, mientras que se evaluará la situación para las próximas jornadas. En caso de retornar a la normalidad, se retomarán las actividades presenciales.
